Cansados de robos, riñas y desórdenes nocturnos, vecinos en el sector de la Universidad del Magdalena instalaron una reja y bloquearon por completo una calle pública. La medida, tomada sin autorización, generó controversia y será revisada por la Alcaldía.

La inseguridad llegó al punto de quebrar la paciencia de un barrio de Santa Marta. En el corredor de la Universidad del Magdalena, donde conviven decenas de negocios, restaurantes y bares, los residentes tomaron una decisión extrema: cerraron con una reja la calle que une la carrera 21B con la 29H3, dejando bajo llave un acceso que durante años fue paso obligado para estudiantes, vecinos y trabajadores de la zona.

Hoy, la estructura metálica se instaló como un símbolo de la tensión entre el miedo y la legalidad. Para los vecinos, fue la única salida. Para las autoridades, una acción que no puede permitirse bajo ninguna circunstancia.

“No aguantábamos un robo más”

Los moradores del sector aseguran que la calle se había convertido en un corredor oscuro y peligroso cuando caía la noche. No hablan de uno o dos incidentes aislados: hablan de una secuencia de robos rápidos, riñas, peleas entre borrachos y grupos que amanecían tomando en la zona.

“Entraban y salían ladrones como si nada”, relató un habitante, insistiendo en que la calle corta se volvió refugio de delincuentes y escenario de peleas constantes. Para muchos, la reja no fue un capricho: fue un acto desesperado.

Una medida que abrió otro problema

El cierre, sin embargo, no solucionó todo. Al contrario, generó otro fenómeno: la proliferación de vendedores ambulantes, que aprovecharon la ausencia de tráfico para instalarse justo donde antes circulaban motos y vehículos. El espacio que buscaba devolver tranquilidad terminó convertido en un pequeño corredor comercial improvisado, con sillas, asadores y carritos de comidas rápidas ocupando el paso.

Lo que antes era una vía pública ahora parece un tramo interno de un mercado nocturno controlado por quienes habitan allí.

La advertencia de la Alcaldía

El secretario de Gobierno, Camilo George fue categórico: ninguna calle puede ser cerrada, ni siquiera por razones de orden público.

En ese sentido anunció que la Administración revisará la intervención y definirá las acciones correspondientes. “La movilidad no puede afectarse y las vías públicas no pueden bloquearse”, señaló, dejando abierta la posibilidad de que la reja sea retirada.

Por ahora, la estructura sigue allí. Bajo llave. Y los únicos con la capacidad de abrirla o cerrarla son los vecinos de las casas aledañas, quienes la custodian como la única barrera entre ellos y la delincuencia nocturna que denuncian.

La calle que divide a un barrio

Lo que ocurre hoy en esta zona de Santa Marta expone un dilema creciente: comunidades que, cansadas de esperar soluciones, recurren a medidas propias para defenderse. Y autoridades que intentan contener una tendencia peligrosa: la privatización informal del espacio público en nombre de la seguridad.

Mientras la Alcaldía decide qué hacer, la calle permanece partida en dos realidades: de un lado, los habitantes que aseguran que sin la reja estarían a merced de los ladrones; del otro, la ciudad que se pregunta si una puerta metálica puede convertirse en el nuevo modelo de autoprotección.