Dos décadas de audiencias, señalamientos y versiones enfrentadas terminaron con un fallo absolutorio. Un juzgado de Bogotá declaró inocente al empresario samario, quien era acusado de ser el determinador del crimen del juez asesinado en 2001 en Santa Marta.

Durante más de veinte años, el nombre de Eduardo Dávila Armenta estuvo asociado a uno de los expedientes judiciales más prolongados y polémicos del país. Lo señalaron, lo procesaron y lo exhibieron como presunto determinador del homicidio del juez Javier Alfredo Cotes Laurens, ocurrido el 3 de diciembre de 2001 en Santa Marta. Hoy, más de dos décadas después, la justicia determinó que no había pruebas suficientes para condenarlo.

El Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en fallo fechado el 27 de octubre de 2025, absolvió al empresario samario al considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación no lograron acreditar su responsabilidad en los hechos.

La jueza Laura Juliana Duarte Quitián, quien estuvo a cargo del proceso, sostuvo que los testimonios de exparamilitares y testigos presenciales presentaban inconsistencias, contradicciones y falta de credibilidad.

No existe vínculo con autores

La investigación señalaba que el crimen del juez Cotes Laurens habría sido ejecutado por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como un presunto favor a Dávila Armenta, quien para entonces era una figura reconocida en el sector empresarial del Magdalena. Sin embargo, el juzgado determinó que no existía vínculo comprobado entre él y los autores materiales identificados como alias “Lalo” y “Licho”, supuestos integrantes del grupo armado bajo el mando de Hernán Giraldo Serna.

Durante el juicio, tanto el Ministerio Público como la defensa coincidieron en aplicar el principio de “in dubio pro reo”, que ordena absolver cuando no hay certeza sobre la responsabilidad penal del acusado.

“La acusación fue débil en lo fáctico y en lo jurídico”, insistieron los abogados del empresario, quienes siempre sostuvieron su inocencia.

Por su parte, la Fiscalía y la parte civil habían solicitado una condena ejemplar, incluso pidieron que el caso se declarara delito de lesa humanidad por considerar que hacía parte del accionar sistemático de los paramilitares en el Magdalena. No obstante, el juzgado desestimó esa tesis al no hallarse evidencia directa que relacionara a Dávila con la estructura criminal.

El fallo también deja constancia de la complejidad del proceso. Desde su inicio en 2001, el expediente pasó por varios despachos judiciales, fue objeto de nulidades y dilaciones, y sufrió los efectos del paso del tiempo sobre los testigos. “Veinticuatro años después, la justicia llega tarde, pero llega”, comentó una fuente cercana al proceso.

Un día después de la decisión, el 28 de octubre, la jueza Duarte expidió un auto de corrección para precisar que, tratándose de una absolución, el expediente debía remitirse a los juzgados penales especializados y no a los de ejecución de penas, con lo cual corrigió un error de trámite administrativo.

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Así concluye, por ahora, uno de los capítulos judiciales más extensos de la historia reciente del Magdalena. Aunque el fallo puede ser apelado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el empresario samario celebra su absolución en medio del descenso de su equipo de fútbol, el Unión Magdalena