La acusación contra Alberto Mario Gutiérrez Uribe, en medio de un proceso de nulidad electoral, incluye a su abogado defensor y amenaza con convertirse en un escándalo nacional.

La Asamblea del Magdalena enfrenta una sacudida institucional tras la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación contra el diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, señalado por el presunto delito de fraude procesal. El caso, que también involucra a su abogado defensor, Ricardo Tapias López, surge en el marco del proceso de nulidad electoral que cursa en su contra en el Consejo de Estado.

La denuncia fue presentada por el abogado José Jorge Polo Vásquez, apoderado en el proceso de nulidad, quien asegura que durante la etapa probatoria se presentó una declaración juramentada manipulada, firmada por el periodista Ayinson Javier Orozco Castañeda. El comunicador, posteriormente, se retractó y denunció haber sido víctima de presiones y ofrecimientos indebidos, presuntamente realizados por el abogado del diputado.

De acuerdo con el denunciante, esta maniobra habría tenido como fin engañar al Tribunal Administrativo del Magdalena para obtener una decisión favorable, configurando así una conducta que podría encajar en fraude procesal y afectar directamente la justicia electoral.

A la acusación se suma el pronunciamiento de la procuradora judicial II para Asuntos Administrativos, Evelsy Estrella Ebrath Emiliani, quien alertó sobre presuntas irregularidades y solicitó la compulsa de copias a la Fiscalía, respaldando la necesidad de abrir una investigación penal.

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El proceso, identificado con los radicados 47-001-2333-000-2024-00041-00 y 00043-00, se encuentra en segunda instancia ante el Consejo de Estado y contiene material probatorio que podría confirmar un intento por manipular testigos y alterar la voluntad popular.

En los corrillos políticos del Magdalena, algunos ya comparan el caso con el proceso judicial que enfrentó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, también denunciado por supuesta manipulación de testigos. Incluso, a Gutiérrez Uribe lo han apodado “el Uribe del Magdalena”, no por afinidades políticas, sino por la similitud de la acusación.

El caso no solo pone en entredicho la legitimidad del diputado, sino que también golpea la credibilidad de la Asamblea Departamental y se convierte en una prueba de fuego para la independencia judicial. De comprobarse las acusaciones, las consecuencias podrían ir más allá de una sanción penal, configurando una afrenta directa a la democracia regional.

La Fiscalía tiene ahora la palabra para determinar si en el corazón político del Magdalena se gestó una maniobra para manipular la justicia y sostenerse en el poder.