El sindicado fue liberado por vencimiento de términos debido a la falta de programación de la audiencia de imputación de cargos.
La comunidad de Villa Dania en el sector de Bonda se encuentra en estado de consternación e indignación tras la sorpresiva liberación de Jairo Altafulla Díaz, el presunto responsable del asesinato de Ninfa Agámez Trullo, de 80 años, y su hijo Alfredo Sarmiento Agámez, de 50 años.
Altafulla fue dejado en libertad debido al vencimiento de términos en el caso que nunca avanzó a pesar de las pruebas contundentes de la Fiscalía.
La liberación del sindicado se dio luego de que una juez determinara que la audiencia de imputación de cargos nunca se programó, lo que llevó a un retraso significativo en el proceso judicial.
Según información proporcionada por los familiares de las víctimas, después de la aprehensión de Altafulla y la legalización de su captura, no se realizó la audiencia correspondiente para avanzar con el caso.
Un familiar de las víctimas expresó su indignación: «La decisión de la togada se dio debido a que su colega, también juez de la República, de nombre Antonio Barrios Guardiola, era quien debería programar la audiencia de imputación de cargos, la cual nunca se pudo concretar. Por esta simple razón, este sujeto recuperó su libertad y mis familiares están muertos».
El caso que ha generado desconcierto en la comunidad ocurrió el 19 de enero de 2023, cuando las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de dos cuerpos sin vida dentro de una vivienda en el barrio Villa Dania, en Santa Marta.
Tras una investigación exhaustiva, Jairo Altafulla fue capturado meses después como el principal sospechoso del doble homicidio.
Desde su captura, Altafulla ha negado cualquier responsabilidad en el crimen, a pesar de las pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía General de la Nación.
La liberación del acusado ha generado una ola de protestas y reclamos por parte de los residentes de Villa Dania, quienes exigen justicia y una revisión inmediata del caso.
Los familiares de las víctimas han solicitado a las autoridades judiciales una explicación clara y acciones concretas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro, asegurando que la justicia no debe quedar a merced de fallos administrativos que pongan en riesgo la seguridad y la confianza de la comunidad.
