Jornadas sin almuerzo, sobrecarga de funciones y acoso laboral hacen parte de las denuncias que llevaron al Gobierno a abrir proceso contra la cadena de tiendas.

El Ministerio del Trabajo dio a conocer los hallazgos de una inspección nacional realizada a 263 tiendas D1 y seis centros de distribución, luego de recibir más de 100 querellas por presuntas irregularidades laborales.

Durante diez días, funcionarios realizaron visitas sin previo aviso, entrevistas a cerca de 400 empleados y revisión de documentos, en lo que fue descrito como un ejercicio de control sin precedentes.

Entre las anomalías detectadas figuran jornadas laborales de ocho horas con apenas 30 minutos de descanso y sin espacio para almorzar, así como horas extra no registradas ni pagadas. También se evidenció sobrecarga de funciones, en la que un solo trabajador debía asumir múltiples tareas, y casos de acoso laboral, persecución sindical y accidentes que no fueron reportados oficialmente.

La inspección reveló además graves riesgos psicosociales en varias sedes del país. En Bogotá, se registró un caso de suicidio presuntamente vinculado al estrés laboral en una tienda D1. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que las condiciones identificadas representan una afectación sistemática a la salud física y mental del personal, con consecuencias como trastornos del sueño, dolores musculares, estrés crónico y secuelas por accidentes no tratados oportunamente.

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Otro de los hallazgos fue la ausencia total de salas de lactancia, en contravía de la legislación vigente, así como problemas de seguridad en bodegas y la falta de implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio anunció la creación de una mesa tripartita con representantes del gobierno, la empresa y los trabajadores, con el fin de definir medidas correctivas. Aunque por ahora no se han impuesto sanciones, se dio inicio a un proceso administrativo que permitirá garantizar el debido proceso.

Respuesta de D1

La cadena D1 respondió a través de un comunicado, en el que expresó que ha colaborado “de manera abierta y respetuosa” con la investigación. Además, sostuvo que hasta el momento no ha sido notificada formalmente de cargos en su contra.

La empresa reiteró su compromiso con el trabajo digno, la legalidad y el bienestar de sus más de 25 mil empleados, afirmando que hará uso de los mecanismos legales correspondientes si se formalizan procesos.

D1 forma parte del grupo Valorem, propiedad de la familia Santo Domingo, que también controla compañías como Caracol Televisión y Cine Colombia.