La comunidad residente en la zona presentó una tutela contra el problema de aguas residuales vivido por más de 5 años. Tras verificar la gravedad del asunto, la Corte Constitucional aprobó el documento y ordenó tomar medidas de forma inmediata.
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional amparó los derechos a la salud, vivienda digna e intimidad de los habitantes del sector Los Cocos en el barrio Bellavista de Santa Marta.
Los ciudadanos de esta zona habían presentado una acción de tutela contra la empresa de acueducto y la administración distrital, debido a los graves problemas en el sistema de alcantarillado del sector.
Según lo manifestado por los residentes, las autoridades no han atendido adecuadamente el colapso del sistema de alcantarillado, el cual se ha visto sobrepasado por la expansión urbana.
Esta situación se ha visto agravada por la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios que no han considerado la capacidad existente de las redes de acueducto y alcantarillado.
Inicialmente, la zona estaba compuesta por edificaciones pequeñas. Sin embargo, el desarrollo de nuevas construcciones con mayor densidad poblacional ha sobrecargado las redes, resultando en el desbordamiento de aguas residuales.
Esta problemática ha generado no solo incomodidad por los olores nauseabundos, sino también riesgos para la salud de los residentes.
La Corte destacó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar una prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos. Enfatizó que un servicio de alcantarillado debe asegurar el bienestar y la calidad de vida de la población, lo que incluye la eliminación de olores molestos y la protección de la salud de los ciudadanos.
Después de analizar el caso, la Sala concluyó que es inaceptable que durante más de cinco años los residentes de Los Cocos hayan vivido en un entorno insalubre debido al desbordamiento de las alcantarillas. Subrayó que no se ha ofrecido una solución efectiva para mejorar las condiciones de vida de los habitantes afectados.
La Corte también señaló el peligroso impacto ambiental que conlleva el vertimiento de aguas residuales al mar, lo que afecta no solo al ecosistema marino, sino también a la salud de quienes frecuentan estas playas contaminadas. Ante esta situación, se ordenó a la Alcaldía de Santa Marta y a la Superintendencia de Servicios Públicos que supervisen las obras necesarias para restablecer el funcionamiento de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Norte.
Adicionalmente, se instruyó a la Secretaría de Salud de Santa Marta para que realice brigadas de salud en el sector Los Cocos, con el fin de evaluar el impacto de los desbordamientos en la salud de los residentes y tratar las enfermedades derivadas de esta problemática. La Corte también pidió a la Secretaría de Planeación de Santa Marta que revise las licencias de urbanización y construcción otorgadas en Los Cocos desde 2017 y que informe de cualquier irregularidad a la Superintendencia de Servicios Públicos o a la Fiscalía General.
La comunidad residente en la zona presentó una tutela contra el problema de aguas residuales vivido por más de 5 años. Tras verificar la gravedad del asunto, la Corte Constitucional aprobó el documento y ordenó tomar medidas de forma inmediata.
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional amparó los derechos a la salud, vivienda digna e intimidad de los habitantes del sector Los Cocos en el barrio Bellavista de Santa Marta.
Los ciudadanos de esta zona habían presentado una acción de tutela contra la empresa de acueducto y la administración distrital, debido a los graves problemas en el sistema de alcantarillado del sector.
Según lo manifestado por los residentes, las autoridades no han atendido adecuadamente el colapso del sistema de alcantarillado, el cual se ha visto sobrepasado por la expansión urbana.
Esta situación se ha visto agravada por la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios que no han considerado la capacidad existente de las redes de acueducto y alcantarillado.
Inicialmente, la zona estaba compuesta por edificaciones pequeñas. Sin embargo, el desarrollo de nuevas construcciones con mayor densidad poblacional ha sobrecargado las redes, resultando en el desbordamiento de aguas residuales.
Esta problemática ha generado no solo incomodidad por los olores nauseabundos, sino también riesgos para la salud de los residentes.
La Corte destacó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar una prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos. Enfatizó que un servicio de alcantarillado debe asegurar el bienestar y la calidad de vida de la población, lo que incluye la eliminación de olores molestos y la protección de la salud de los ciudadanos.
Después de analizar el caso, la Sala concluyó que es inaceptable que durante más de cinco años los residentes de Los Cocos hayan vivido en un entorno insalubre debido al desbordamiento de las alcantarillas. Subrayó que no se ha ofrecido una solución efectiva para mejorar las condiciones de vida de los habitantes afectados.
La Corte también señaló el peligroso impacto ambiental que conlleva el vertimiento de aguas residuales al mar, lo que afecta no solo al ecosistema marino, sino también a la salud de quienes frecuentan estas playas contaminadas. Ante esta situación, se ordenó a la Alcaldía de Santa Marta y a la Superintendencia de Servicios Públicos que supervisen las obras necesarias para restablecer el funcionamiento de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Norte.
Adicionalmente, se instruyó a la Secretaría de Salud de Santa Marta para que realice brigadas de salud en el sector Los Cocos, con el fin de evaluar el impacto de los desbordamientos en la salud de los residentes y tratar las enfermedades derivadas de esta problemática. La Corte también pidió a la Secretaría de Planeación de Santa Marta que revise las licencias de urbanización y construcción otorgadas en Los Cocos desde 2017 y que informe de cualquier irregularidad a la Superintendencia de Servicios Públicos o a la Fiscalía General.
