Aunque insistieron en su inocencia y luego intentaron un preacuerdo, la Corte Suprema concluyó que cometieron tentativa de peculado al fraccionar una finca para obtener subsidios de Agro Ingreso Seguro. Los empresarios emitieron un comunicado reafirmando su respeto por la justicia.

Con un tono institucional y prudente, los empresarios Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano se pronunciaron este martes tras la decisión definitiva de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó su condena por tentativa de peculado por apropiación agravado, en el marco del escándalo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

A través de un comunicado, afirmaron: “Reiteramos nuestro respeto por los pronunciamientos judiciales y expresamos nuestro compromiso con acatar las decisiones que adopten las autoridades competentes”.

La respuesta se da en un momento clave, pues el fallo leído en la mañana por la Corte deja sin piso la estrategia legal que los Dávila sostuvieron durante más de una década. Primero declararon ser inocentes, luego intentaron un preacuerdo con la Fiscalía, y cuando fueron condenados por el Tribunal Superior de Bogotá en 2020, cambiaron nuevamente de postura y argumentaron que no habían cometido delito alguno, criticando incluso que el preacuerdo hubiera sido avalado por un juez.

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Sin embargo, tras casi cinco años en la Corte Suprema, el alto tribunal resolvió por mayoría que sí hubo delito, aunque en grado de tentativa. La Corte fue enfática al señalar que los hermanos Dávila presentaron dos proyectos independientes sobre un mismo predio —la finca Tequendama, ubicada en Aracataca, Magdalena— usando la figura del fraccionamiento para simular que se trataba de propiedades distintas.

Esta maniobra les habría permitido acceder a subsidios por 439 millones de pesos, monto al que finalmente renunciaron, pero solo después de que una investigación periodística hiciera pública la situación.

Para la Corte, el retiro de los proyectos no fue una muestra de voluntad ética, sino una reacción a la presión pública y mediática. Por eso, la sentencia impone una pena de dos años de prisión, aunque al tratarse de una tentativa, los condenados podrían acceder a beneficios judiciales.

El comunicado de los Dávila marca un tono de aceptación frente a la decisión definitiva, luego de un proceso marcado por posturas cambiantes y contradicciones. En sus palabras finales, aseguran que han actuado «conforme a derecho» y que agotaron todos los recursos legales previstos.