Según el alto órgano las aguas residuales de la ciudad se vierten al mar sin vigilancia suficiente. A días de los 500 años de fundación, la bahía de la ‘Perla del Caribe’ enfrenta un grave panorama ambiental.

El Consejo de Estado emitió un fallo en el que concluye que el vertimiento de aguas residuales al mar en Santa Marta no está siendo debidamente monitoreado. La vigilancia sobre el emisario submarino, encargado de liberar los desechos al mar, es deficiente, incompleta y sin estándares técnicos adecuados.
La decisión se dio justo cuando un video viralizado encendió la polémica: una ciudadana, María Marcela Preciado, aseguró haber perdido parte de su cuerpo tras contraer una infección bacteriana al bañarse en la bahía. Aunque no hay pruebas clínicas que respalden la denuncia, el caso reactivó las alarmas sobre la calidad del agua en las playas.

Fallas en la vigilancia del emisario

Desde el año 2000, Santa Marta utiliza un emisario submarino —una tubería que se interna más de 400 metros en el mar— para desechar aguas residuales previamente tratadas de forma primaria.
Aunque este sistema cuenta con una licencia ambiental, el Consejo de Estado comprobó que el monitoreo ha sido parcial, sin parámetros clave ni inspecciones estructurales rigurosas.

Entre las fallas señaladas están la ausencia de sensores, telemetría, modelaciones y herramientas tecnológicas que permitan prever riesgos. Incluso, hechos como una fisura en el tubo, detectada en 2019, no contaron con estudios sobre su impacto ambiental.

El mar recibe más de lo que puede soportar

La situación ha generado efectos graves en ecosistemas cercanos. Un estudio liderado por buzos de la Universidad de Antioquia reveló que los desechos están emergiendo a la superficie, afectando la biodiversidad marina cercana a Taganga.

Allí, una veeduría ciudadana ha denunciado desde hace más de una década que el sistema de vertimiento está mal diseñado y sin control técnico.

“Se comprobó que el sistema de vigilancia no ha sido efectivo ni suficiente para controlar los impactos en el ecosistema marino-costero”, cita el fallo.

Vertimientos sin castigo

A pesar de las constantes advertencias de entidades como Corpamag, y la Alcaldía, se han omitido informes críticos por parte de la Essmar sin recibir sanciones.

Un caso reciente ocurrió en 2023, cuando una falla en la estación de bombeo Norte provocó vertimientos en la bahía. Aunque Invemar recomendó establecer alertas para advertir a los turistas sobre la calidad del agua, la medida no se implementó.

La contaminación en Santa Marta va más allá de lo visible. Según expertos, hay presencia de coliformes fecales, metales pesados y químicos provenientes de medicamentos que no están siendo tratados adecuadamente.

El deterioro del sistema de alcantarillado empeora el panorama. Entre enero de 2022 y marzo de 2023, solo la estación Norte registró 53 incidentes. A esto se suma el rebosamiento frecuente de aguas negras en distintos barrios, lo que termina en vertimientos sin tratamiento al mar.

El 60 % del agua potable se pierde por fugas y, del total de aguas residuales que ingresan al sistema, solo el 49 % recibe tratamiento primario. Además, cerca del 20 % de los samarios no cuenta con alcantarillado.

500 años con deudas ambientales

En medio de los preparativos para celebrar los 500 años de fundación de la ciudad, el Gobierno Nacional y el Distrito anunciaron una inversión de $33.000 millones para modernizar la estación Norte.
Por orden del Consejo de Estado, la Alcaldía y Corpamag deberán realizar un estudio en un año para determinar los impactos en los ecosistemas y en la salud pública. Mientras tanto, Santa Marta sigue arrojando al mar lo que no puede manejar en tierra.

¿Qué dice la Alcaldía?

Frente a esta situación, la Alcaldía de Santa Marta respondió que actualmente adelanta acciones para mejorar el saneamiento en la zona.
Entre las acciones destacadas por la administración están:

• Modernización de la estación de bombeo Norte con recursos compartidos entre el Ministerio de Vivienda y el Distrito.
• Estudios técnicos para evaluar los impactos ambientales y sanitarios ordenados por el Consejo de Estado.
• Promoción de un sistema de monitoreo más riguroso, aunque aún sin fechas concretas para su implementación.
• Diseño de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) como solución de fondo, cuyo estado actual no fue precisado por la Alcaldía.

La administración distrital insiste en que está comprometida con el medioambiente y la salud pública, pero admite que el rezago en infraestructura es profundo e histórico y requiere inversiones sostenidas.