Luego de 10 años, el órgano judicial resolvió declarar civil, administrativa y patrimonialmente responsables a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación por los perjuicios causados con ocasión de la conflagración de la buseta, el 18 de mayo de 2014, que cobró la vida de 33 niños y un adulto.

Tras una década de dolor y búsqueda de justicia, el Consejo de Estado emitió un fallo definitivo sobre la tragedia que enlutó al municipio de Fundación, Magdalena, el 18 de mayo de 2014. 

En su decisión, la alta corte declaró a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia responsable en un 80% por el siniestro que cobró la vida de 33 niños y un adulto, y dejó a otros pasajeros con graves lesiones. 

Además, señaló responsabilidades compartidas con el municipio de Fundación y su Instituto de Tránsito y Transporte, que deberán asumir el 10% cada uno de la indemnización ordenada.

El fallo y sus implicaciones

El fallo revisó los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia inicial dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena en 2021, que había encontrado parcialmente responsables a las partes demandadas. Según el Consejo de Estado, la tragedia fue consecuencia de un “cúmulo de omisiones” que incluyeron la falta de control sobre el estado técnico de la buseta y sobre la idoneidad del conductor, quien no contaba con los permisos necesarios.

La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia deberá pagar el equivalente a 14.320 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), mientras que el municipio de Fundación y su Instituto de Tránsito y Transporte asumirán 1.790 SMLMV cada uno. 

Las indemnizaciones buscan reparar colectivamente a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes de la tragedia.

Una tragedia anunciada

El 18 de mayo de 2014, un vehículo tipo buseta de placas UV8-556, con 20 años de servicio y múltiples irregularidades legales y mecánicas, transportaba a 60 niños y un adulto que regresaban de una actividad evangelizadora organizada por la Iglesia Pentecostal. 

Según el Consejo de Estado, el conductor manipuló gasolina dentro del vehículo sin evacuar a los ocupantes, lo que provocó un incendio en la parte delantera de la buseta. Las llamas se propagaron rápidamente, atrapando a los pasajeros en la parte trasera.

La investigación reveló que el vehículo no tenía revisión técnico-mecánica, su seguro obligatorio estaba vencido, y la licencia de tránsito había sido cancelada. 

Además, el conductor carecía de tarjeta de conducción vigente y estaba desvinculado laboralmente de la empresa de transporte a la que pertenecía el vehículo.

Dolor y memoria

A pesar de las decisiones judiciales, la tragedia sigue siendo una herida abierta para Fundación. Cada 18 de mayo, los habitantes del municipio recuerdan con tristeza a los niños que perdieron la vida en el incendio. Para los familiares, aunque el fallo es un paso hacia la justicia, la pérdida sigue siendo irreparable.

Este caso no solo señala a los responsables directos, sino que pone en evidencia fallas estructurales en la supervisión de transporte público y privado. El Consejo de Estado enfatizó que tanto las entidades religiosas como las autoridades locales tienen la obligación de garantizar la seguridad de quienes participan en sus actividades y se movilizan en sus vehículos.