Los prestamistas informales han escalado sus métodos de presión: dejan carteles frente a casas y negocios, irrumpen en viviendas, se llevan pertenencias y amenazan a familiares. Las autoridades lo califican como extorsión, pero para muchas víctimas, ya es una pesadilla diaria.

Cada mañana, cuando doña Alba abre la reja de su tienda de barrio, su mayor temor no es no vender, sino encontrar un nuevo cartel pegado en la fachada: “Usted es una cliente morosa”.

Lo vio por primera vez hace dos semanas, escrito con marcador rojo, en una hoja blanca arrugada. Desde entonces, ya no duerme tranquila. No solo la acechan las deudas, sino también los cobradores del temido “gota a gota”.

El fenómeno, que no es nuevo en varias ciudades de Colombia, ha adquirido un rostro más agresivo. Los conocidos cobradiarios han transformado su estrategia: ya no solo exigen el pago diario con frases amenazantes o llamadas constantes. Ahora, dejan avisos públicos en las viviendas de los deudores y, si no hay respuesta, escalan con intimidaciones, daños a propiedades y amenazas a familiares.

“Hace tres días rompieron los vidrios del negocio y ayer se metieron a la casa de mi hermana. Me dijeron que si no pago, van por mis hijos”, relata un comerciante que pidió el anonimato por miedo a represalias.

Como él, decenas de personas han recurrido a estos préstamos ilegales, confiando en una solución rápida para financiar pequeños emprendimientos. Lo que parecía una salida fácil se convirtió en una cadena de miedo y violencia.

La Policía ha recibido múltiples denuncias y no dudó en calificar esta modalidad como una forma de extorsión. “No se trata solo de una deuda: están empleando mecanismos delictivos para obligar a la gente a pagar”, afirmó un vocero oficial. Aunque no hay un mapa claro de las zonas más afectadas, en redes sociales se multiplican los videos de carteles, destrozos y testimonios de víctimas.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades por contener el fenómeno, los préstamos “gota a gota” siguen siendo una opción para quienes no tienen acceso al sistema financiero formal. Un caldo de cultivo para el abuso, la ilegalidad y el miedo.

Doña Alba se aferra a la esperanza de que las autoridades actúen antes de que los cobradores regresen. “Solo quiero paz. Prefiero cerrar la tienda antes que ver a mi familia en peligro”, dice, con la mirada baja, sin despegar los ojos de la puerta.