Un reciente informe de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL) revela que este municipio tiene más muertos de manera violenta que ciudades como Valledupar.
Ciénaga, Magdalena, enfrenta una alarmante crisis de seguridad, con 93 homicidios en lo que va de 2024, según un informe de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL).
Esta cifra no solo coloca a Ciénaga en un nivel alto deviolencia en el Magdalena, sino que también lo posiciona por encima de la capital del Cesar, Valledupar, que reporta 92 homicidios en el mismo período.
El aumento de los crímenes en Ciénaga está generando una profunda preocupación entre la población y en organizaciones defensoras de derechos humanos.
La PDHAL ha expresado que esta situación es “supremamente preocupante” y destaca el impacto directo de la violencia en la vida de los habitantes.
El repunte de homicidios refleja una tendencia sostenida de inseguridad que requiere una respuesta inmediata de las autoridades.
El incremento en los asesinatos se atribuye a múltiples factores, entre ellos, conflictos entre grupos criminales, disputas por territorio y el tráfico de drogas, problemáticas que afectan no solo a Ciénaga sino a otras regiones del Magdalena.
A diferencia de Valledupar, una ciudad más grande y capital de departamento, Ciénaga es un municipio que tradicionalmente no figuraba en los índices más altos de violencia en la región. Sin embargo, el deterioro en la seguridad ha encendido las alarmas tanto en las comunidades locales como en las organizaciones de derechos humanos, que señalan la falta de acción efectiva por parte de las autoridades.
Este contexto de violencia ha llevado a que los habitantes y líderes comunitarios demanden respuestas concretas.
La PDHAL ha solicitado un plan de acción integral que contemple medidas de seguridad y estrategias de prevención para proteger a la ciudadanía y mitigar el riesgo.
La organización advierte que cualquier intervención debe ir acompañada de un enfoque de derechos humanos para evitar abusos y garantizar una recuperación efectiva del tejido social.
