
Capturados dos presuntos extorsionistas que exigían matrícula y cuotas mensuales a comerciantes y transportadores
A los comerciantes les cobraban hasta $500.000 por “matrícula” y $300.000 mensuales para poder operar sus negocios.
La ofensiva contra la extorsión en Santa Marta dejó como resultado la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, implicados en una red criminal dedicada al cobro de cuotas extorsivas a comerciantes y transportadores.
La primera captura se realizó en el sector de Cantilito, donde fue detenido Diego Esteban Meléndez Martínez, de 20 años, quien sería el cabecilla financiero de zona en la localidad uno de la ciudad. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el GAULA de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, este sujeto exigía a los comerciantes el pago de una supuesta “matrícula” de $500.000 pesos para permitirles iniciar su actividad comercial. Posteriormente, les cobraba una cuota mensual de $300.000 pesos bajo amenazas, a cambio de permitirles seguir operando sin represalias.
Este esquema delictivo afectaba directamente a pequeños y medianos comerciantes que, por miedo, accedían a pagar, lo que generaba una presión económica constante y contribuía al fortalecimiento de las finanzas del grupo armado ilegal.
En un segundo procedimiento, llevado a cabo en el sector de Mamatoco, fue capturado Junior Arlesay Escorcia Junior, de 28 años, señalado de ser el dinamizador del cobro de extorsiones dirigido específicamente al gremio de transportadores y comerciantes. Según la investigación, Escorcia tenía injerencia criminal en los barrios 11 de Noviembre, Mamatoco, El Cisne, El Líbano, Santa Cruz y la Troncal del Caribe, donde exigía pagos periódicos a cambio de permitir la libre circulación y operación en esas zonas.
Durante las capturas, las autoridades incautaron dos motocicletas, dos teléfonos celulares y $450.000 pesos en efectivo, elementos clave para las investigaciones en curso.
Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, y en las próximas horas un juez de control de garantías determinará su situación jurídica.
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