El joven de 14 años fue brutalmente golpeado tras intentar huir. Autoridades creen que su muerte formaba parte del plan para silenciarlo.

El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no solo fue un intento de homicidio, sino que podría haber incluido un segundo objetivo: asesinar al menor que disparó el arma, para evitar que revelara detalles del crimen. Esa es la hipótesis que actualmente manejan los investigadores del caso, basada en los hechos ocurridos minutos después del ataque, en el occidente de Bogotá.

Según testigos y registros de cámaras de seguridad, el joven sicario, de apenas 14 años, fue perseguido y agredido con sevicia por dos hombres tras intentar escapar del lugar. Uno de los agresores lo alcanzó, lo derribó y comenzó a golpearlo. El otro, según testigos, habría dicho: “No tengo nada que perder, se ganó su puñalada”, mientras simulaba buscar un arma blanca en su chaqueta. La intervención de un tercero, presuntamente integrante del equipo de seguridad del senador Uribe, evitó que el menor fuera apuñalado.

Ambos atacantes huyeron del lugar. Uno de ellos ya se presentó ante la Fiscalía, aunque por ahora no ha sido revelado su grado de participación ni su posible vínculo con los autores intelectuales del atentado.

Las autoridades consideran que esta agresión no fue un hecho aislado ni espontáneo, sino una parte del plan diseñado por quienes habrían ordenado el ataque. La intención, según fuentes cercanas a la investigación, habría sido asegurar el silencio del menor, eliminándolo antes de que pudiera aportar información clave a las autoridades.

“Algunos investigadores creen que estaban apostando a que el menor muriera en la escena del crimen”, indicaron fuentes del proceso.

Otro elemento que refuerza la complejidad del caso es la duda sobre el origen del disparo que impactó al senador Uribe. Se busca establecer si la herida en la pierna fue causada por el arma Glock que portaba el menor o si hubo un segundo tirador en el lugar, lo que sugeriría una operación coordinada, con varios ejecutores.

Este giro en el caso ha llevado a la Fiscalía y otras autoridades a considerar la inclusión del menor en un programa especial de protección de testigos, ante el alto riesgo que enfrenta si colabora con la justicia. De confirmarse que su muerte era parte del plan, se estaría ante una estructura criminal con capacidad de reclutamiento, planeación y encubrimiento de alto nivel.

Mientras avanza la investigación, el país sigue a la expectativa de nuevas revelaciones sobre uno de los hechos más graves registrados recientemente contra una figura política nacional.