La Policía Metropolitana desmanteló una de las caletas desde donde salían las armas usadas en atracos y posibles asesinatos en la ciudad. El responsable, Martín Arango, ya había sido detenido por el mismo delito y volvió a llenar su casa de pistolas, proveedores y municiones.

La Policía Metropolitana entró a la vivienda con una orden de allanamiento y una sospecha: ahí funcionaba una de las guacas donde se abastecía la delincuencia común de Santa Marta. Lo que no esperaban era confirmar que el negocio seguía en manos del mismo de siempre. El hombre que ya había caído antes, que ya había pagado cárcel, y que, aun así, volvió a llenar su casa de metal clandestino.

Martín Arango —un nombre que ya estaba marcado en los archivos policiales— recuperó su libertad hace un tiempo. Pero en vez de enderezar el camino, lo torció más.

Según la investigación de la SIJIN, retomó su antiguo oficio: suministrar armas a los atracadores y a los grupos que operan en los barrios y avenidas de la ciudad. Y no solo retomó el negocio, lo agrandó, amplió su clientela y se convirtió en proveedor de referencia para ladrones que, para lograr un celular, una cadena o un bolso, ya han demostrado que están dispuestos a matar.

El operativo se desarrolló en la zona sur de Santa Marta. Los uniformados irrumpieron en la vivienda y, al registrar cada rincón, la escena lo confirmó todo: siete pistolas de distintas marcas, proveedores modificados para aumentar la capacidad de disparo y buena cantidad de munición. Una guaca de metal frío, lista para circular por las calles.

El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Metropolitana, aseguró que esta captura hace parte del Plan Cazador, una operación que busca golpear las estructuras dedicadas a delitos de alto impacto.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y continuaremos desarrollando acciones contundentes”, dijo el oficial.

Pero la preocupación va más allá del hallazgo. Ahora las autoridades investigan si alguna de estas armas fue usada en homicidios recientes cometidos en la ciudad o en municipios cercanos. La Fiscalía y la Policía esperan que esta vez los jueces sean más severos, que Arango no vuelva a las calles para seguir abasteciendo a los grupos que mantienen a los samarios bajo.

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La captura permite apagar una caleta. Pero en Santa Marta todos saben que no es la única.