Decisiones internas y hasta el desacato de fallos judiciales, han caracterizado la gestión de Ángela María Cedeño Ruíz al frente de la Asamblea del Magdalena. Su última decisión —negar la posesión de un diputado ordenada por el Consejo de Estado— terminó por detonar la suspensión total de las sesiones.

La historia reciente de la Asamblea del Magdalena podría resumirse en una sola palabra: caos.
Y ese caos tiene nombre propio: Ángela María Cedeño Ruíz, la diputada del Centro Democrático que llegó a la presidencia de la Duma con el respaldo de una mayoría fragmentada y que, en menos de un año, convirtió el recinto en el epicentro de denuncias, sanciones e investigaciones judiciales.

Desde el día en que asumió el cargo, Cedeño impuso un estilo propio calificado por varios de sus colegas como autoritario. Decisiones apresuradas, sesiones suspendidas, resoluciones sin consulta, y un clima interno de conflicto y desconfianza. No tardaron en llegar las quejas: diputados la señalaron de actuar por conveniencia política, de favorecer a grupos económicos y de usar la presidencia como instrumento de retaliación.

En febrero, el Tribunal Administrativo del Magdalena suspendió provisionalmente la elección de la mesa directiva que ella encabezaba, al considerar que el acto fue irregular. A pesar de la decisión judicial, la corporación siguió sesionando.

La Procuraduría intervino semanas después y abrió investigación disciplinaria contra Cedeño y las demás integrantes de la mesa directiva, acusadas de incumplir órdenes judiciales y de abuso de autoridad.

Pero nada de eso la ha hecho cambiar en su manera de dirigir la Asamblea.

El punto de quiebre

El colapso vino con el caso del diputado César Pacheco Aarón, quien ganó en los estrados lo que le negaron en el recinto: su derecho a ocupar la curul como diputado en propiedad, confirmado por un fallo de segunda y última instancia del Consejo de Estado.

Aun así, la presidenta Cedeño decidió no posesionarlo, alegando razones administrativas, cuando en realidad se trataba de una orden judicial clara y de obligatorio cumplimiento. Esa negativa fue interpretada como un desacato abierto a la justicia.

El Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta intervino con una decisión tajante: ordenó la suspensión inmediata de todas las sesiones de la Asamblea, al considerar que hubo vulneración de derechos.

El auto también dejó claro que, durante la medida, no podrá realizarse ninguna actividad legislativa, ni siquiera la elección del contralor, lo que dejó completamente bloqueada la agenda del recinto.

Así, la corporación que debía debatir los proyectos del Magdalena quedó en silencio, detenida por actuaciones polémicas de su presidenta.

Una gestión marcada por el escándalo

Antes de este episodio, Cedeño ya había protagonizado una larga lista de controversias:

• Fue señalada de bloquear la discusión de proyectos de interés departamental, priorizando la elección del contralor en medio de denuncias de presiones políticas.
• Ignoró fallos y advertencias judiciales, ganándose el señalamiento público de desacatar órdenes y vulnerar el reglamento interno.
• Se vio envuelta en un episodio insólito: ordenó retirar un micrófono del recinto porque, según ella, era un “dispositivo espía”, acusación desmentida por el medio respectivo.
• Enfrentó reclamos de sus propios colegas por imponer decisiones sin votación formal, limitar el uso de la palabra y desatar gritos, abandonos y enfrentamientos durante las sesiones.
• Fue señalada por la Gobernación del Magdalena de bloquear el estudio y aprobación del proyecto de incorporación del superávit fiscal de 2024, frenando inversiones en salud, educación, infraestructura y programas sociales.

El exgobernador Rafael Martínez advirtió públicamente que esa parálisis puso en riesgo más de 50 proyectos de inversión y afectaba el desarrollo del departamento. Según la administración, la presidenta usó el trámite presupuestal como herramienta de presión política, dejando al Magdalena sin ejecución de más de $427 mil millones de pesos.

Mientras todo eso pasaba, la Asamblea no aprobó un solo proyecto de relevancia. Los debates se redujeron a peleas, las denuncias crecieron y la imagen del órgano de control político se desplomó.

Madre del diputado afectado ataca a Cedeño

La exdiputada Claudia Patricia Aarón, madre del afectado César Pacheco, no se quedó callada:

“La Asamblea del Magdalena no está escriturada a ningún conglomerado económico, le pertenece a la gente. Cuando se utiliza el poder para transgredir derechos, la justicia debe actuar, y eso sucedió”, dijo.

“Cedeño ha omitido sus deberes públicos, ha cometido actos bochornosos por favorecer a sus jefes políticos, y llevó a la corporación a la debacle en la que hoy está sumida”, agregó.

Su denuncia no fue una exageración: la Asamblea está paralizada por orden judicial, y detrás de esa parálisis, una presidenta que acumula en pocos meses más escándalos que gestiones.

El episodio con Pacheco Aarón fue la tapa.

El último capítulo de una gestión marcada, según dicen varios diputados, por el capricho, el desconocimiento de la ley y la falta de respeto a las instituciones.

Hoy, Ángela Cedeño enfrenta investigaciones disciplinarias, señalamientos judiciales y un rechazo creciente dentro y fuera del recinto.

La Asamblea del Magdalena quedó reducida a un símbolo de desorden, desconfianza y pérdida de credibilidad institucional.

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Para los opositores, todo comenzó —y terminó— con una presidenta que confundió el poder con propiedad, y la ley con un obstáculo.