La Alta Consejera para la Paz de Santa Marta, Jennifer del Toro, respondió con dureza al presidente Gustavo Petro, después de que éste afirmara que en la ciudad “mandan los paramilitares” y que su influencia alcanza la política y a la niñez. La funcionaria acusó al Gobierno Nacional de no cumplir sus promesas, ignorar alertas de violencia y sostener diálogos sin mecanismos de control.

Las declaraciones del presidente asegurando que Santa Marta estaría bajo “gobernanza paramilitar” provocaron una reacción inmediata en la ciudad. En un extenso mensaje en X, Jennifer del Toro, Alta Consejera para la Paz, cuestionó directamente al jefe de Estado y le recordó que esos mismos actores armados fueron reconocidos por su Gobierno como interlocutores en los diálogos de paz.

“La ciudad no puede cargar con su señalamiento cuando usted les dio estatus y pidió suspender sus órdenes de captura”, escribió la Consejera de Paz.

La funcionaria también señaló que la Alcaldía de Carlos Pinedo sí respaldó la política de paz del Gobierno, a diferencia —dijo— de las administraciones de Fuerza Ciudadana. Y recordó que Carlos Caicedo, Rafael Martínez y Virna Johnson fueron elegidos con altas votaciones en sectores con presencia paramilitar.

Una ciudad atrapada entre dos estructuras armadas

Del Toro describió un panorama de seguridad más amplio: Santa Marta y el Magdalena están en disputa entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Estructuras que se mueven también por La Guajira, el Cesar y el Atlántico, y que mantienen control territorial en varias zonas.

A seis meses de que Colombia elija nuevo presidente, Del Toro aseguró que las dos promesas hechas al Distrito —sometimiento real de las estructuras criminales e inversión social para transformar los territorios— nunca se materializaron.

La funcionaria afirmó que durante dos años enviaron recomendaciones precisas al Alto Comisionado para la Paz, sin obtener respuesta: fortalecer la fuerza pública, crear un mecanismo independiente de verificación y obligar a los ministerios a ejecutar inversiones acordadas.

Las alertas ignoradas: jóvenes torturados y 59 homicidios en cuatro meses

Del Toro reveló que informó con anticipación a la Presidencia y entidades nacionales los hechos que hoy también denuncia la ONU: tratos crueles e inhumanos contra jóvenes de barrios pobres.

Además, advirtió que desde el “cese unilateral” anunciado por las ACSN el 13 de junio, Santa Marta registra 59 homicidios por sicariato, sin que exista un sistema de monitoreo que garantice el cumplimiento de los diálogos.

La Consejera también denunció que persistían los cobros extorsivos, la explotación de mujeres en situación de prostitución, el sometimiento de personas vulnerables y el uso de menores por parte de las estructuras armadas. Todo ello —dice— fue informado a la Fiscalía, la Presidencia, el Ministerio Público y la Consejería de Derechos Humanos.

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Entre el señalamiento del presidente y la respuesta del Distrito, Santa Marta vuelve a quedar en el centro. Un territorio que reclama presencia estatal, control real y cumplimiento de compromisos en medio de una violencia que no disminuye.