La Alcaldía anunció la destinación de $4.700 millones para el traslado de más de 350 sindicados recluidos en el Centro de Detención Transitorio hacia la cárcel Rodrigo de Bastidas. La medida busca devolverle la vida comercial y turística a la calle 10 con carrera 5, epicentro de protestas y hacinamiento.

Durante años, la calle 10 con carrera 5 del Centro Histórico de Santa Marta se convirtió en un punto de tensión permanente. Lo que antes era una zona de paso para comerciantes, turistas y vecinos del corazón samario, terminó siendo tomada por el hacinamiento, las sirenas, los reclamos, las protestas y la desesperanza.

Allí funcionaba el Centro de Detención Transitorio, un espacio improvisado donde más de 350 personas privadas de la libertad esperaban, en condiciones precarias, que la justicia definiera su destino.

En las madrugadas, los gritos de inconformidad de los reclusos despertaban a los residentes. En las tardes, sus familiares se agolpaban en los andenes para llevar alimentos o simplemente preguntar por sus seres queridos. En los últimos meses, la situación se salió de control: protestas, bloqueos, amotinamientos y una creciente presión social exigían una solución definitiva.

Esa respuesta, según la Alcaldía, ya comenzó a concretarse.

Este viernes, la administración distrital del alcalde Carlos Pinedo Cuello anunció una inversión de $4.700 millones para hacer posible el traslado de los sindicados hacia la cárcel Rodrigo de Bastidas, a través de un convenio interadministrativo con el INPEC. El certificado de disponibilidad presupuestal ya fue expedido y, con ello, se iniciará el proceso contractual que permitirá la adquisición de bienes y servicios, así como la adecuación logística para el movimiento de los internos.

El anuncio fue hecho por el secretario de Seguridad y Convivencia, el coronel en retiro Gustavo Berdugo, durante un evento del Día del Guardián con funcionarios del INPEC. Allí explicó que el proceso garantizará también alimentación para los reclusos y un sobresueldo para el personal de custodia.

Para los habitantes del sector, la noticia llega como un respiro largamente esperado. “No solo eran los escándalos. Esto espantó a los turistas, afectó el comercio y volvió peligroso un punto clave del centro”, cuenta Jorge Meza, comerciante de la zona. “Parecía una cárcel en plena zona colonial”, agrega.

Desde la Alcaldía aseguran que esta decisión hace parte del plan de recuperación del Centro Histórico. No solo se trata de liberar espacio y devolverle tranquilidad al entorno, sino de transformar un símbolo de abandono en una oportunidad de revitalización comercial, turística y patrimonial.

Pero mientras se surten los procesos y el convenio se firma, las puertas del Centro Transitorio siguen custodiadas por guardianes, y tras ellas se escuchan las voces de quienes, entre el ruido del encierro y la incertidumbre, esperan que este sea el inicio de una reclusión más digna. Y, para los del otro lado del muro, una ciudad más habitable.