El joven, de 15 años, aceptó cargos por el asesinato del precandidato y cumplirá su sanción bajo vigilancia especial en un centro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. La Fiscalía reveló detalles de su participación y de los demás detenidos.

El menor de edad que disparó contra Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el Parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, fue condenado a siete años de sanción por un juez especializado en menores. La decisión se tomó tras la aceptación de cargos y la colaboración del joven con las autoridades.

Actualmente, el adolescente permanece en el búnker de la Fiscalía bajo estrictos cuidados especiales, mientras se define el centro especializado al que será trasladado para cumplir la sanción. Según lo establecido en la ley, no se trata de una condena en una cárcel común, sino de un plan de resocialización orientado a menores infractores.

Durante el proceso, el joven confesó a las autoridades que le ofrecieron 20 millones de pesos por cometer el crimen, aunque aseguró que nunca recibió el dinero. También reveló que desconocía que la víctima era el precandidato del Centro Democrático y que alias “el Costeño” fue quien le dio instrucciones y coordinó el ataque.

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El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Uribe, expresó su inconformidad con la sanción. “Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, afirmó.

En paralelo, otros seis señalados de participar en el magnicidio fueron vinculados al proceso: Carlos Eduardo Mora, alias “El Veneco”; Katerine Andrea Martínez, alias “Gabriela”; William Fernando González; Cristian Camilo González; y Elder José Arteaga, alias “el Costeño”, señalado como coordinador logístico del ataque.

Las autoridades insisten en que la condena al menor representa un paso importante en la judicialización del caso, aunque la defensa apeló la decisión buscando evitar su privación de libertad. El Tribunal Superior de Bogotá deberá revisar en segunda instancia la sanción impuesta.