El inicio del pontificado de León XIV se ve marcado por graves denuncias de encubrimiento de abusos sexuales ocurridos en Perú, durante su gestión como obispo de Chiclayo.

La elección de Robert Francis Prevost como nuevo líder de la Iglesia Católica, bajo el nombre de Papa León XIV, ha sido opacada por serias acusaciones que lo vinculan con el presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Perú durante su período como obispo de Chiclayo, entre 2013 y 2025.

Organizaciones como la Red de Supervivientes de Abusados por Sacerdotes (SNAP) y Bishop Accountability han puesto sobre la mesa denuncias que apuntan a una supuesta inacción del entonces obispo frente a al menos tres casos de abuso sexual infantil. Uno de ellos, el de mayor impacto, es el de María Quispe Díaz, quien afirma haber sido agredida desde los nueve años por el sacerdote Eleuterio Vásquez Gonzáles.

También se acusa al clérigo Ricardo Yesquén, quienes, según las denuncias, siguieron ejerciendo funciones religiosas sin sanciones ni restricciones.

Según las organizaciones, Prevost no cumplió con los protocolos establecidos por el Vaticano ni con el deber de reportar los hechos a las autoridades civiles. Las víctimas aseguran que sus denuncias fueron ignoradas por la diócesis de Chiclayo y que no se abrió ningún proceso interno. La falta de acción obligó a las afectadas a acudir a la justicia peruana en diciembre de 2022.

Para SNAP, la conducta de Prevost constituye un delito canónico, al representar una omisión grave en su deber pastoral y legal. Así lo señaló en una carta publicada el 25 de marzo de 2025, en la que se invoca el canon 1378 del Código de Derecho Canónico, referente al abuso de poder y al daño causado a los más vulnerables.

Aunque el Vaticano aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso, algunos defensores del pontífice han salido al paso. El obispo Farfán, cercano a Prevost, calificó de “mentira” las acusaciones de encubrimiento y aseguró que el ahora Papa “respetó los procesos y escuchó a las víctimas”. Agregó que existen testimonios favorables que reconocen su sensibilidad ante estos temas.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de víctimas insisten en que esas palabras no borran el silencio institucional ni el hecho de que los sacerdotes señalados continuaron en sus cargos sin consecuencias visibles.

Este escándalo se convierte en la primera gran prueba del papado de León XIV. Mientras la Iglesia Católica busca recomponer su imagen ante el mundo y recobrar la confianza de los fieles, las denuncias de Chiclayo ponen en duda el compromiso real del nuevo pontífice con la transparencia, la justicia y la protección de los menores.

El caso está en manos de la justicia peruana, pero las víctimas y la comunidad internacional esperan también una respuesta clara desde Roma.