El mandatario nacional aunque dijo acatar el fallo, rechazó sus fundamentos jurídicos y afirmó que va en contra del bloque de constitucionalidad y los derechos políticos consagrados en tratados internacionales.

Este jueves, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión judicial que removió del cargo a Rafael Martínez, gobernador del Magdalena, al declarar nula su elección por incurrir en doble militancia política. En un pronunciamiento divulgado en sus redes sociales, el mandatario expresó que, aunque acata el fallo del Consejo de Estado, no lo comparte y cuestionó abiertamente su constitucionalidad.

“Acato la decisión judicial sobre el gobernador del Magdalena, pero no puedo compartirla. Afecta el bloque de constitucionalidad, contradice la Convención Americana de Derechos Humanos”, expresó el jefe de Estado, haciendo referencia a los estándares internacionales que protegen el ejercicio de los derechos políticos.

Petro fue más allá al recordar que, en su propio caso, el Consejo de Estado en pleno había protegido anteriormente sus derechos políticos con base en el derecho internacional. “Ahora, algunos magistrados, en sección, contradicen esa misma jurisprudencia”, dijo, aludiendo al cambio de criterio por parte del alto tribunal.

Para el presidente, la figura de la doble militancia fue mal interpretada. En su concepto, “en una coalición política, autorizada por la Constitución, no hay doble militancia”. Según explicó, formar coaliciones implica que dos o más partidos o movimientos políticos se unen con fines electorales, algo permitido por la Carta Magna. En cambio, la doble militancia implica pertenecer simultáneamente a dos organizaciones políticas, lo cual, asegura, no ocurrió en el caso de Martínez.

La decisión judicial se sustentó en un video en el que Martínez, entonces candidato de Fuerza Ciudadana, expresó apoyo público a candidatas del Partido de la U, lo que el Consejo de Estado consideró como un acto de apoyo indebido que vulneraba las reglas de la contienda. Sin embargo, para el mandatario, se trató de un tecnicismo que no debería invalidar la voluntad de más de 300 mil votantes.

Petro cerró su mensaje indicando que, en ausencia de una ley que reglamente las coaliciones políticas, “lo que prima es la Constitución”. Con esto, dejó clara su postura de que la sanción contra Martínez no solo es desproporcionada, sino contraria al espíritu democrático.

Mientras sectores cercanos a Fuerza Ciudadana consideran la nulidad como una persecución política, desde la oposición defienden la decisión como un acto necesario para garantizar el cumplimiento de las normas electorales. En medio del revuelo, el presidente deberá ahora designar un gobernador encargado mientras se convocan nuevas elecciones atípicas en el departamento del Magdalena.