Una tutela interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca busca obligar al Gobierno nacional a fijar en un plazo máximo de 48 horas la fecha de los comicios para elegir al nuevo gobernador del Magdalena, tras la anulación de la credencial de Rafael Martínez por doble militancia.

La disputa por el futuro político del Magdalena llegó a los estrados judiciales. Los abogados samarios Camilo José David Hoyos y Rubén Darío Ceballos Mendoza, acompañados por el ciudadano Luis Alberto Riascos Rojas como coadyuvante, interpusieron una tutela contra la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior para que se convoquen de inmediato elecciones en el departamento.

La acción surge tras la decisión del Consejo de Estado que, el pasado 30 de julio de 2025, dejó en firme la nulidad de la credencial de Rafael Alejandro Martínez como gobernador por incurrir en doble militancia política. Desde entonces, el cargo lo ocupa de manera temporal la gobernadora encargada Ingris Padilla, sin que el Gobierno nacional haya fijado fecha para nuevos comicios.

En el escrito radicado, los demandantes reclaman que la omisión de la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior constituye una “lesión grave” a derechos fundamentales como la igualdad, el debido proceso, el acceso a la justicia y el sufragio universal. Aseguran que el departamento vive un limbo institucional que priva a los ciudadanos de elegir democráticamente a su gobernador.

“Lo único que se ha cumplido con esa sentencia fue la designación de la señora Ingris como gobernadora encargada, no así la convocatoria a nuevas elecciones o elecciones atípicas, pese a que se reúnen los presupuestos constitucionales y legales para ello”, señalaron los abogados.

La tutela exige que, en un plazo máximo de 48 horas después de la notificación del fallo, la Presidencia y el Ministerio del Interior definan la fecha de la jornada electoral. Además, pide que se exhorte a dichas entidades para evitar que omisiones similares afecten en el futuro los derechos ciudadanos.

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El caso quedó ahora en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá resolver si obliga al Gobierno a poner fin a la incertidumbre política en el Magdalena y a devolver a sus habitantes la posibilidad de decidir en las urnas quién será su próximo mandatario.