Desde septiembre de 2023, este comerciante samario vive un calvario a raíz del robo de su moto desde un patio oficial de tránsito.

Dos años después, el problema no solo sigue sin resolverse, sino que ha empeorado con un embargo, mientras los responsables del hurto aún no enfrentan consecuencias penales.

Frank Lucero, comerciante de Santa Marta, recuerda con claridad el día que empezó su pesadilla: 27 de septiembre de 2023. Una notificación de tránsito de Bogotá le informaba que su motocicleta había sido sancionada con dos comparendos. Lo extraño es que el vehículo estaba, supuestamente, bajo custodia en los patios de tránsito del Distrito, tras una inmovilización en la capital del Magdalena.

«Al principio pensé que era un error, que alguien se había confundido de placa«, relata Lucero. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando en las oficinas de tránsito le dijeron que la moto no estaba. No entiende cómo salió sin su autorización y fue trasladada al interior del país y circulaba en Bogotá incurriendo en infracciones.

De víctima a deudor embargado

Lo que siguió fue una cadena de irregularidades. A pesar de entregar toda la documentación que probaba que el vehículo estaba reportado como hurtado, la Secretaría de Movilidad de Bogotá le exigió pagar las multas: un millón 600 mil pesos.

El golpe más duro llegó ahora: un embargo por 2 millones 800 mil pesos, casi el doble del valor de las sanciones. “Esto es un abuso. No veo avances en la investigación y, en cambio, me embargan por algo que no cometí”, denuncia Frank.

Su caso, lejos de resolverse, ha crecido en complicaciones. El abogado que ahora lo representa interpuso una tutela para frenar el embargo y exigir que las multas sean eliminadas. “Ya ni me importa la moto, solo quiero que borren esas sanciones y den de baja el vehículo para que no me sigan persiguiendo”, asegura.

El contexto: robos en los patios de tránsito

El drama de Lucero se enmarca en un escándalo más amplio. En agosto de 2023 se denunció el hurto de cinco motocicletas y un vehículo desde los patios de tránsito de la Secretaría de Movilidad en Santa Marta, ubicados en el barrio La Esperanza.

La Delegada para la Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios de la Personería Distrital formuló pliego de cargos contra cuatro exfuncionarios distritales: Ernesto Mario Castro Coronado, exsecretario de Movilidad Multimodal y Sostenible; Franklin Carreño Cantillo, Líder de Programas de la Secretaría de Movilidad; Jazmín del Socorro Sánchez Bozón, exdirectora administrativa e Hilda María Borja Vega, exsecretaria general de la Alcaldía Distrital.

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Según el ente de control, habrían incurrido en omisiones graves que facilitaron los robos y perjudicaron directamente a los ciudadanos. El informe señala como posible responsable directo a Franklin Carreño, quien, según la empresa de vigilancia, autorizó la salida de vehículos sin registro oficial.
Aunque Carreño fue separado del cargo mientras avanzaban las investigaciones, hasta ahora no hay acciones penales concretas en su contra.

La voz del exjefe de movilidad

En entrevista con EL TIEMPO, el exsecretario de Movilidad, Ernesto Castro, defendió su gestión y negó haber cometido omisiones. “Colocamos las denuncias en Fiscalía, citamos a la empresa de vigilancia y trasladamos el caso a la oficina disciplinaria”, afirmó.

Castro explicó que la empresa de vigilancia señaló a un funcionario adscrito a la Secretaría como quien autorizó las salidas irregulares. “No puedo confirmar si eso era cierto, pero mi deber fue denunciar y tomar medidas como ampliar el sistema de cámaras”, dijo.

También aseguró que, al dejar el cargo en diciembre de 2023, el caso seguía en investigación sin que los afectados hubieran recibido respuesta. “Me sorprende que me vinculen a un proceso por omisión cuando cumplí con lo que dictaba la ley”, enfatizó.

Un laberinto que sigue abierto

Frank Lucero en estos dos años ha pasado de ser una víctima a deudor perseguido por el Estado, sin que los verdaderos responsables enfrenten sanciones.

Mientras la tutela busca frenar el embargo y anular las multas, la Personería continúa con el proceso disciplinario contra los exfuncionarios, y la Fiscalía mantiene abierta la investigación por el hurto.
Para Frank, cada mes que pasa siente mayor impotencia frente a un sistema que le ha robado su tranquilidad. “El Estado permitió que me robaran la moto y ahora me castiga por eso. ¿Quién responde por este daño?”, se pregunta, Frank, quien ha tenido ahora que pagar hasta abogados.