El desalojo en este sector dejó a la vista una problemática que crece en Santa Marta: la venta fraudulenta de terrenos públicos por parte de mafias organizadas.

El barrio Garaoga, en el oriente de Santa Marta, fue escenario de una jornada de desalojo marcada por el dolor y la incertidumbre. 

Nueve familias vieron cómo una máquina amarilla demolía las estructuras en las que habían invertido sus ahorros, sin imaginar que su sueño de tener casa propia se convertiría en una pesadilla.

Aunque habían sido advertidos con meses de anticipación, la realidad golpeó con fuerza cuando las autoridades ejecutaron la orden de restitución del predio, emitida por un juez tras un proceso de casi 10 meses. 

Según la Alcaldía, el terreno es de propiedad del Distrito y será utilizado para la construcción de 250 viviendas destinadas a población vulnerable.

La estafa detrás de la invasión

El drama de estas familias no solo radica en haber perdido sus casas, sino en haber sido víctimas de una estafa. 

Según el secretario de Gobierno, Camilo George, actores ilegales han convertido la venta fraudulenta de tierras en un negocio recurrente en Santa Marta, engañando a personas de escasos recursos con la promesa de terrenos a precios accesibles.

“Estas familias, al ver que los lotes tenían precios entre 15 y 25 millones de pesos, accedieron a comprar sin conocer la legalidad del terreno. Lamentablemente, terminaron perdiendo su dinero y sus viviendas”, explicó una fuente judicial.

Además, confirmó que detrás de esta venta ilegal estarían grupos armados que operan en la zona y han ocupado y comercializado otros terrenos de manera ilícita.

La versión de la Alcaldía y las medidas adoptadas

El secretario de Gobierno defendió el procedimiento y aseguró que se cumplieron todos los protocolos de ley. 

“Fue un desalojo en el que se respetaron los derechos de las familias. No había casas habitadas, solo estructuras en obra gris, y los propietarios habían sido notificados con suficiente anticipación”, afirmó.

Asimismo, desmintió los rumores sobre la demolición de una iglesia evangélica, aclarando que lo que se intervino fue una bodega usada por el templo, la cual estaba dentro de la zona de propiedad del Distrito.

Con la recuperación del predio, la administración municipal podrá avanzar en el proyecto de vivienda social, uno de los compromisos del alcalde en su plan de desarrollo.

¿Qué pasará con las familias desalojadas?

Las familias afectadas, además de haber perdido su inversión, ahora se enfrentan a la incertidumbre de no tener un lugar donde vivir. 

Muchos de ellos han exigido a las autoridades tomar medidas contra los responsables de la estafa y evaluar la posibilidad de incluirlos en el proyecto de viviendas sociales que se construirá en el predio recuperado.

La comunidad de Garaoga y de Santa Marta sigue dividida entre quienes apoyan la restitución del terreno y quienes critican la falta de soluciones inmediatas para las familias afectadas.