Familias que invirtieron sus ahorros en terrenos vendidos bajo engaño fueron desalojadas y vieron cómo las autoridades demolieron sus hogares en cumplimiento de un fallo judicial.

La tarde de este jueves, el barrio Garagoa fue escenario de momentos de tensión, tristeza y frustración cuando la Alcaldía Distrital, con el apoyo de la Policía Metropolitana y el Escuadrón Antidisturbios (ESMAD), llevó a cabo un operativo de desalojo en un predio de gran extensión que había sido ocupado ilegalmente por decenas de familias.

Las personas desalojadas afirmaron haber comprado los terrenos creyendo que estaban haciendo una inversión legítima. Sin embargo, resultaron víctimas de una estafa: un particular les vendió los lotes a precios bajos, prometiéndoles la oportunidad de construir su vivienda propia. 

Muchos contaban con documentos que, al momento de la intervención, carecían de validez legal.

“Yo pagué 20 millones por este terreno. Nos dijeron que era una oportunidad única para tener casa propia y ahora nos damos cuenta de que fuimos estafados”, lamentó una de las afectadas mientras veía cómo la maquinaria demolía su vivienda.

Años de esfuerzo reducidos a escombros

Algunas familias llevaban hasta una década viviendo en el lugar y habían construido casas de hasta dos pisos, adecuándolas a sus necesidades y posibilidades. Pero el fallo judicial que favoreció a la Alcaldía permitió la recuperación del predio, y con ello, la demolición de cada estructura erigida con años de esfuerzo y sacrificio.

El operativo se desarrolló en medio del llanto de los afectados y el forcejeo con las autoridades, quienes, bajo la consigna de hacer cumplir la ley, procedieron con la diligencia.

Pronunciamiento de la Alcaldía

A través de un comunicado, la administración distrital explicó que el procedimiento se realizó con todas las garantías para las familias y en presencia de organismos de control.

«Esta es una directriz del alcalde Carlos Pinedo Cuello, con el fin de que el predio recuperado sea destinado a un proyecto de vivienda de interés social, donde se beneficiarán 250 familias de población vulnerable», indicó la Alcaldía en su mensaje oficial.

Además, enfatizó que los bienes de uso público pertenecen a la comunidad y no pueden ser comercializados por particulares con fines de lucro.

Las familias afectadas ahora enfrentan una doble pérdida: sus viviendas y el dinero que invirtieron en terrenos que nunca fueron suyos. Mientras esperan justicia contra el responsable de la estafa, la incertidumbre sobre su futuro se apodera de ellas.

«Nos quedamos en la calle. No tenemos dónde ir», expresó entre lágrimas una de las damnificadas, reflejando el drama humano detrás de la recuperación del predio.