La medida busca confirmar o descartar que los miembros del concejo padezcan de posibles condiciones psicológicas o patológicas que puedan perjudicar el sano desarrollo de los debates de temas relevantes de la ciudad. 

El Juzgado Undécimo Administrativo de Santa Marta admitió una acción de tutela interpuesta contra la Procuraduría de Santa Marta, la Personería Distrital y la Defensoría Regional del Pueblo. 

En su demanda, el ciudadano alegó la vulneración de sus derechos fundamentales de petición, acceso a la justicia y debido proceso administrativo. Como parte de sus pretensiones, solicitó que los concejales del Distrito fueran sometidos a exámenes psiquiátricos para determinar posibles condiciones psicológicas o patológicas.

Tras revisar la solicitud, el juzgado concluyó que cumplía con los requisitos legales por el cual procedió a admitir la acción. Sin embargo, negó una medida provisional presentada por el demandante, quien había pedido suspender las actividades administrativas del Concejo Distrital mientras se resolvía el caso de fondo. 

Según el juzgado, el solicitante Juan Tercero Padilla Arnedo no aportó pruebas suficientes que justificaran la adopción de dicha medida, ni fundamentó la existencia de problemas psiquiátricos en los concejales.

El juez argumentó que las medidas provisionales, contempladas en el artículo 7 del Decreto 2591, deben responder a una necesidad urgente y estar sustentadas en pruebas que demuestren un posible perjuicio irremediable.

En su decisión, el juzgado vinculó al proceso a todos los concejales del Distrito, quienes deberán rendir un informe detallado sobre los hechos mencionados en la tutela. Además, se notificó a las entidades demandadas para que presenten su respuesta en un plazo de dos días hábiles.

Aunque la medida provisional fue rechazada, el proceso continúa y será determinante para esclarecer si las acusaciones presentadas tienen fundamento o carecen de sustento probatorio.