La falta de recursos y condiciones dignas para los reclusos lleva al sindicato penitenciario a suspender el ingreso de nuevos detenidos en la ciudad.
En una situación que parece haber llegado a un punto crítico, la crisis en el sistema penitenciario de Santa Marta ha llevado al Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP S.I.) a tomar una decisión sin precedentes: prohibir el ingreso de nuevos detenidos al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de la ciudad (Epmsc SM).
Este anuncio surge como un grito desesperado ante la falta de recursos, el incumplimiento de convenios y la desatención a las condiciones de quienes cumplen su pena o esperan juicio en condiciones ya de por sí precarias.
Francisco Mendoza, presidente del sindicato en Santa Marta, explicó que la decisión de bloquear el ingreso de personas privadas de la libertad (PPL) responde a la falta de implementación de un acuerdo firmado el 22 de octubre de 2024, el cual pretendía mejorar las condiciones de los reclusos.
Según Mendoza, el convenio, que debía entrar en vigor a partir del 31 de octubre, contemplaba la reubicación de 160 personas detenidas en estaciones policiales transitorias hacia el penal, así como la asignación de 1.500 millones de pesos para mejorar la infraestructura penitenciaria. Sin embargo, hasta la fecha, solo 20 reclusos han sido trasladados, y los recursos aún no se han visto reflejados en mejoras tangibles.
Las condiciones en el penal son deplorables. Los reclusos conviven en espacios de hacinamiento, sin acceso adecuado a servicios básicos ni medidas mínimas de seguridad. Esta situación, agravada por el incumplimiento de acuerdos, ha hecho que la carga de trabajo y los riesgos a los que se enfrentan los empleados penitenciarios aumenten considerablemente, dejando en evidencia la falta de voluntad de las autoridades para solucionar una crisis que, lejos de mejorar, se profundiza cada día.
Con el anuncio de SEUP S.I., el sistema judicial de Santa Marta se enfrenta a un dilema preocupante: sin poder ingresar nuevos detenidos en el principal penal de la ciudad, los centros de reclusión transitorios de la policía verán sus espacios desbordados, intensificando aún más la sobrepoblación y la falta de condiciones dignas para las personas privadas de la libertad.
Además, esta decisión genera interrogantes sobre cómo manejará la justicia los nuevos casos de detención que deban resolverse en un sistema ya colapsado.
