Tras 17 años, hallan culpable a exgobernador del Magdalena por desviar fondos destinados a pruebas de VIH

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De los 4 mil habitantes que deberían recibir las pruebas, 1,065  nunca recibieron atención, y de las 2,935 restantes, una muestra aleatoria reveló que tampoco habían sido atendidas.

17 años después de haber dejado su cargo, el exgobernador encargado del Magdalena, Francisco José Infante Vergara, finalmente ha sido condenado por su papel en una red de corrupción que desvió fondos públicos y puso en riesgo la salud de miles de personas. 

La Corte Suprema de Justicia, tras un largo proceso de investigación y juicio, lo sentenció a 15 años, 8 meses y 6 días de prisión, además de imponerle una multa de 2.589 millones de pesos y otra sanción equivalente a 1.153 salarios mínimos legales.

El contrato, firmado en 2007 durante la administración de Infante Vergara, tenía como propósito la realización de pruebas para detectar el VIH en 4,000 habitantes de sectores vulnerables del Magdalena. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación demostró que el contrato 372 fue suscrito con una entidad no calificada para prestar los servicios de salud requeridos, un Instituto Prestador de Salud (IPS) que no contaba con la acreditación necesaria del Ministerio de Salud, carecía de experiencia, infraestructura y solvencia financiera, además de haber presentado costos superiores a los del mercado.

Los documentos judiciales señalan que Infante Vergara permitió el desembolso de un anticipo del 50% del valor del contrato, el cual fue transferido a una cuenta distinta de la registrada por el IPS. 

Finalmente, aunque el contrato fue liquidado y los fondos pagados en su totalidad, las certificaciones que respaldaban la prestación del servicio no eran veraces: 1,065 personas nunca recibieron atención, y de las 2,935 restantes, una muestra aleatoria reveló que tampoco habían sido atendidas.

La sentencia concluye que el exgobernador es responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La Corte también ha ordenado su captura inmediata, exigiendo que cumpla su condena en un centro carcelario.