La investigación reveló un seguimiento detallado que el capturado hacía del juez, con la aparente intención de intimidarlo y presionarlo para que favoreciera con sus decisiones a miembros de su organización privados de la libertad.
La Policía logró la captura de un integrante del Clan del Golfo señalado de amenazar de muerte al juez Cuarto Penal del Circuito Especializado Itinerante de Santa Marta, Henry Hernando Ortiz.
Esta detención es considerada un paso decisivo en la protección del magistrado, y envía un mensaje de resistencia frente a la intimidación que los grupos armados pretenden ejercer sobre la justicia en la región.
Captura resultado de inteligencia
La captura se concretó después de un arduo proceso de investigación. Durante semanas, agentes de inteligencia siguieron cada pista, recopilando pruebas contundentes que incluían declaraciones juradas, testimonios y videos de cámaras de seguridad.
El análisis de estos materiales reveló un seguimiento detallado que el capturado hacía del juez, con la aparente intención de intimidarlo y presionarlo para que favoreciera con sus decisiones a miembros del Clan del Golfo.
La captura del individuo, efectuada bajo orden judicial, fue realizada por el Cuerpo Élite de la Policía en medio de un operativo de máxima discreción y precisión.
Los agentes encargados confirmaron que el acusado será procesado por el delito de amenaza contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.
El caso del Juez Henry Ortiz
La detención surge como respuesta a una serie de amenazas que el juez Ortiz ha recibido en los últimos meses, en un intento de minar su imparcialidad en procesos judiciales clave que involucran a líderes de organizaciones criminales.
La situación alcanzó un punto alarmante el pasado 7 de marzo, cuando el juez recibió amenazas en plena audiencia virtual, elevando aún más el riesgo a su integridad.
A raíz de estos sucesos, la Unidad Nacional de Protección asignó escoltas al juez, protegiendo su vida frente a la constante intimidación del Clan del Golfo.
Repercusiones en la justicia regional:
Alberto Rodríguez Akle, presidente del Tribunal Superior de Santa Marta, expresó su rechazo a estos actos de intimidación, recordando la necesidad de proteger a los funcionarios judiciales.
“No podemos permitir que grupos armados quieran intimidarnos y deteriorar la rama judicial con las balas”, señaló Rodríguez, quien urgió a las autoridades a actuar rápidamente en favor de la seguridad del juez Ortiz y de otros funcionarios en riesgo.
La captura del presunto responsable de las amenazas contra el juez Ortiz es un logro significativo en la lucha contra el amedrentamiento hacia quienes velan por la justicia. Sin embargo, este caso es solo una parte de un problema mayor que afecta al Magdalena, donde otros jueces y empleados judiciales enfrentan situaciones similares.
