Asamblea estudia revocar la distinción al pastor Luis Fernando Ramón tras escándalo de abuso sexual

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La presidente de la Asamblea y asistente de la iglesia GNG se mostró decepcionada de su líder espiritual y expresó su apoyo a las víctimas.

A raíz del escándalo que ha sacudido a la comunidad evangélica, la Asamblea de Magdalena está considerando revocar la distinción otorgada al pastor Luis Fernando Ramón, acusado de abuso sexual por más de 40 mujeres, en su mayoría asistentes de la iglesia GNG.

El pastor Luis Fernando Ramón, quien había sido reconocido por su labor comunitaria y espiritual, enfrenta ahora graves acusaciones de abuso de poder y autoridad, utilizando la vulnerabilidad emocional y espiritual de sus víctimas.

La diputada Rosita Jiménez, quien propuso la distinción al pastor Ramón y es también asistente de la iglesia GNG, expresó su decepción y apoyo a las víctimas a través de su cuenta en la red social X. 

En su declaración, Jiménez manifestó: “mi apoyo irrestricto a las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia, presuntamente manipuladas por su vulnerabilidad emocional y espiritual que valientemente han decidido hablar y denunciar presuntos hechos que las instrumentalizaron a través de alguna forma de coerción en casos de posible abuso de poder y autoridad por parte de @PASTORLUISFER tras eventuales conductas sistemáticas premeditada”.

Jiménez dijo que como presidente de la Asamblea, como diputada y como mujer, siempre estará del lado de las víctimas.

“Confío en el debido proceso. De ser probadas estas acusaciones, buscaremos revocar todo reconocimiento que exaltó su labor desconociendo lo oculto y oscuro de sus actos”, agregó.

También hizo un llamado a todas las mujeres víctimas a denunciar y probar los presuntos actos de abuso contra el pastor evangélico. 

“No están solas, actúen conforme a la verdad y al corazón de Dios, solo a Él debemos buscar agradar”, puntualizó. 

El caso ha generado una gran conmoción entre los fieles de la iglesia GNG y la comunidad en general. 

Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han expresado su solidaridad con las víctimas y han exigido una investigación exhaustiva y justicia para los afectados.