Al no haber un pronunciamiento del gobierno nacional, este jueves continuarán los bloqueos en la vía que comunica a La Guajira y el cese de actividades en el comercio de la zona oriental.
Finalizado el primer día de paro organizado por dirigentes cívicos, campesinos e indígenas de la Sierra Nevada, para las autoridades no hay dudas que la protesta anunciada como cívica estuvo infiltrada por actores armados que a través de intimidaciones y hostigamiento obligaron al comercio en algunos sectores urbanos y rurales de la ciudad a no funcionar.
Cómo era de esperarse, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, y el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, se reunieron por separado para analizar la situación y tomar sus propias medidas y conclusiones.
Ambos en lo único que coincidieron fue que la protesta cívica fue empañada por la presión de miembros de organizaciones ilegales, que con amenazas presionaron a las comunidades a sumarse a la manifestación para captar la atención del gobierno nacional.
A pesar de las pérdidas para el comercio debido al cierre en la zona urbana y rural oriental de Santa Marta y los bloqueos permanentes en la Troncal del Caribe, no hubo respuesta de la Presidencia al llamado para retomar las conversaciones de paz con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
Por esa razón, los organizadores han decidido extender el paro hasta que se proponga una solución concertada a la violencia en la Sierra Nevada, causada por disputas armadas entre autodefensas y la fuerza pública.
Alcalde dispuesto a adelantar gestiones para que se retomen diálogos de paz
El alcalde Pinedo adoptó una postura conciliadora, indicando que buscará el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para atender las preocupaciones de seguridad en los territorios afectados y si así lo considera el nivel central se retomen las negociaciones de paz en el territorio.
Pinedo indicó que ha instruido a su equipo para agotar todas las vías de diálogo con la comunidad y levantar el bloqueo en la vía nacional.
«Estamos comprometidos en garantizar la protesta pacífica, es un derecho legal y constitucional, pero sin bloqueos que conlleven a un problema mayor», declaró Pinedo.
El alcalde también aseguró que la Administración Distrital tiene los recursos necesarios para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento del comercio, y que no permitirá que la protesta social se convierta en vandalismo por unos pocos violentos.
En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a retomar sus actividades normales, asegurándole que la fuerza pública estará en las calles velando por su seguridad.
Gobernador apoya a que continúe ofensiva contra grupos armados
En contraste, el gobernador Martínez adoptó una posición más radical, apoyando la ofensiva que emprendió desde hace semanas la Policía y el Ejército para desmantelar a los grupos armados en la Sierra Nevada.
Martínez anunció además millonarias recompensas para capturar a los criminales más buscados de Los Pachencas y del Clan del Golfo, rechazando la instrumentalización de la protesta por parte de estos grupos.
El mandatario departamental ratificó que “lo sucedido en Santa Marta fue un paro armado liderado por narcotraficantes para presionar a las comunidades y al gobierno”.
Basado en dicha afirmación, destacó que no se puede usar la bandera de la paz con fines delictivos y por ende reafirmó su compromiso de combatir la criminalidad en el territorio.
“No es cierto que estamos en contra de la paz, entiendo que inicialmente Los Pachencas estuvieron en una lista para los acuerdos con el Gobierno central, pero que hoy no están precisamente porque ellos mismos se sacaron al no dejaron de delinquir”.
El gobernador expresó su solidadad con aquellos miembros de la comunidad que se unieron a esta protesta por el temor a represalias de las organizaciones criminales que se encuentran en el territorio.
Por tal motivo y, como medida para seguir propinándole fuertes goles a las estructuras de Los Pachencas y del Clan del Golfo, la Gobernación y la Policía del Magdalena publicaron el cartel de los criminales más buscados, por los cuales ofrecieron recompensas de hasta 40 millones de pesos.
La situación en la Sierra Nevada sigue siendo tensa, con las autoridades locales divididas en sus enfoques para manejar la crisis, mientras las comunidades afectadas continúan en medio del conflicto.