El órgano judicial lanzó un nuevo y duro llamado de atención a Cormagdalena y a la Alcaldía de Salamina por no entregar los informes exigidos sobre las acciones frente a la erosión fluvial. Tienen diez días para responder o enfrentar posibles sanciones disciplinarias.

La paciencia del Tribunal Administrativo del Magdalena se agotó. La erosión fluvial que amenaza con tragarse parte de Salamina no espera, y ahora tampoco lo hará la justicia. En un nuevo pronunciamiento, el órgano judicial ordenó a Cormagdalena y a la Alcaldía municipal entregar, en un plazo máximo de diez días, un informe completo sobre las medidas adoptadas para enfrentar el avance del río.

La instrucción no es nueva. La magistrada María Victoria Quiñones Triana dejó claro que ambas entidades han sido notificadas en dos ocasiones anteriores, pero aun así no han remitido la información requerida. El retraso, dijo, no solo entorpece la verificación de acciones, sino que podría terminar en procesos disciplinarios para quienes siguieron sin responder una orden judicial expresa.

El requerimiento hace parte de una acción administrativa interpuesta por el abogado Miguel Martínez Olano, quien buscaba que el Estado actuara para proteger los derechos colectivos de los habitantes de Salamina, un municipio que desde hace años vive al borde del colapso por la fuerza del río Magdalena.

En la demanda también fueron vinculados el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, Invías, la Gobernación del Magdalena y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

En medio de este escenario, el Tribunal insiste en que no está pidiendo documentos decorativos, sino informes clave para determinar si las entidades están haciendo lo necesario para evitar una tragedia anunciada. La erosión continúa avanzando, las orillas siguen cediendo y la comunidad mira con preocupación cómo la institucionalidad se demora en entregar respuestas que ya deberían estar sobre la mesa.

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Con este nuevo ultimátum, la justicia deja claro que el tiempo es un lujo que Salamina no tiene, y que las entidades responsables deberán demostrar —esta vez sin excusas— qué han hecho, qué no y por qué. Porque mientras el río sigue arrasando, la falta de gestión también pasa factura.