Anulan elección del contralor salpicado por escándalo de corrupción
El Juzgado Cuarto Laboral de Santa Marta tumbó la elección del nuevo contralor departamental, al concluir que la Asamblea, en cabeza de Ángela Cedeño, desacató órdenes judiciales y actuó de manera irregular para dejar en firme a un candidato cuestionado y salpicado por corrupción.
Una mayoría de diputados de la Asamblea del Magdalena apostó todo por elegir a su contralor a pesar de advertencias, suspensiones judiciales y un fallo que exigía frenar el proceso.
El resultado era inevitable: la elección se cayó. La justicia habló.
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta dejó sin efectos la designación del funcionario que pretendían posicionar para el control fiscal del departamento durante el periodo 2026–2029. Un proceso que ya venía marcado por sombras: cuestionamientos sobre equidad de género, advertencias de posibles inhabilidades y, sobre todo, el nombre de un aspirante señalado por un sonado escándalo de kits escolares.
Pero la Mesa Directiva, liderada por Ángela Cedeño, decidió avanzar como si nada de eso importara.
Un proceso advertido como ilegal… y confirmado como tal
La historia comenzó semanas atrás, cuando Maryoris Margarita Pedraza, una de las aspirantes, interpuso una tutela denunciando discriminación de género en la ponderación de la experiencia. También alertó sobre posibles inhabilidades de dos candidatos incluidos en la terna.
El juez le dio la razón. El 7 de noviembre ordenó revisar minuciosamente las inhabilidades y aplicar medidas afirmativas para corregir la subrepresentación femenina en el concurso. Aclaró el fallo el 13 de noviembre. Aun así, nada cambió.
La Asamblea abrió un procedimiento “simulado”, según el despacho. La Universidad de Medellín —encargada de las pruebas— ratificó los mismos parámetros que habían generado la alerta, sin ajustes, sin correcciones. Y mientras la orden de suspensión se encontraba vigente desde el 18 de noviembre, la Mesa Directiva avanzó sin frenos: convocó la elección, la ejecutó y posesionó al contralor.
Para el juez Carlos Alberto Villalva del Villar, fue un acto ilícito. Un fraude a resolución judicial.
El afán por un contralor salpicado por escándalos
Entre los aspirantes estaba Manuel Julián Mazeneth, involucrado en un grave escándalo por kits escolares. Su nombre ha desatado polémica en el departamento y generado cuestionamientos sobre la intención real de quienes lo impulsaban.
Aun así, la Asamblea insistió en ponerlo al frente de la Contraloría. Ahora deberá esperar. La justicia frenó su llegada y dejó claro que el afán político no está por encima de la ley.
Desacato, advertencias y un proceso que vuelve a cero
La decisión del juzgado no solo suspende los efectos de la elección y posesión del 22 de noviembre. También prohíbe nuevas convocatorias hasta que se verifique el cumplimiento real —no aparente— de las órdenes impartidas.
Además, abrió incidente de desacato contra la presidenta de la Asamblea, Ángela Cedeño, las vicepresidentas Marta Liliana García y Candy Julieth Sánchez, y el rector de la Universidad de Medellín, Néstor Raúl Posada. Todos deberán responder por ignorar una orden judicial que era obligatoria.
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La Procuraduría también fue requerida: deberá emitir un concepto previo sobre inhabilidades y equidad de género antes de que cualquier nuevo proceso pueda avanzar.
La elección del contralor, lejos de fortalecer el control fiscal, terminó convertida en un nuevo episodio de tensiones políticas, decisiones apresuradas y desobediencia abierta a los fallos judiciales. El departamento vuelve a quedar a la espera de un proceso limpio, ajustado a la ley y sin presiones de ningún bando.
Lo único claro hoy es que la justicia frenó un nombramiento que nació torcido. Y que cualquier intento de poner contralor por encima de las normas puede tener consecuencias. La caída del proceso es apenas el comienzo del lío que tendrá que resolver la Asamblea.
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