La Mesa Directiva ignoró advertencias de la Procuraduría, llamados de legalidad y reclamos, y aun así posesionó como contralor a Manuel Julián Mazenet, un funcionario sancionado e inhabilitado en el pasado por un detrimento de 3.000 millones de pesos.

Increíble pero cierto: con apenas siete diputados y una lluvia de advertencias encima, la Asamblea del Magdalena eligió a Manuel Julián Mazenet Corrales como Contralor Departamental para el periodo 2026-2029. La decisión cayó como un baldado de agua fría en sectores políticos y ciudadanos que esperaban, al menos, algo de prudencia. Pero no. La Mesa Directiva —integrada por Ángela Cedeño, Marta Liliana García y Candy Sánchez— avanzó sin titubeos, sin esperar aclaraciones y sin atender los exhortos que pedían detener el proceso.

El nombre del elegido terminó agravando el escándalo. No se trató de un candidato cualquiera: Mazenet fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría en 2011, tras un detrimento patrimonial de 3.000 millones de pesos por autorizar la compra de más de 66 mil kits escolares con sobrecostos cuando trabajaba en el gobierno departamental con Omar Diazgranados. Un caso emblemático de corrupción que aún se recuerda como una de las mayores heridas financieras del Magdalena.

Aun así, fue elegido para dirigir el órgano que debe vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos. “El ratón cuidará el queso”, comentaron algunos diputados que no asistieron a la sesión o que rechazaron de antemano el proceso.

Como si fuera poco, horas antes de la votación el Procurador Segundo Delegado, Samuel Benjamín, lanzó un fuerte llamado de alerta: advirtió riesgos de legalidad y pidió suspender el procedimiento. La advertencia fue ignorada. La sesión se llevó a cabo amparada en un fallo de tutela emitido el 18 de noviembre, que ordenaba proceder con la designación conforme a una resolución interna de 2025 y a la Ley 2200. La Mesa Directiva usó ese documento como escudo jurídico para hacer avanzar la elección.

Pero el problema no fue solo la celeridad. Con 13 diputados en la corporación, la designación se hizo con apenas 7 presentes: el mínimo justo para que el proceso tuviera efecto. Una mayoría apretada que será recordada como la sesión en la que la Asamblea, sin transparencia ni consenso, puso en manos de un sancionado la vigilancia del presupuesto de un departamento marcado por la desigualdad, la pobreza y la urgencia de controlar cada peso.

Mientras los siete diputados celebran haber cumplido formalmente con una orden judicial, otros ven con preocupación lo que se viene.

¿Cómo recuperar la confianza en un contralor cuestionado? ¿Qué mensaje le envía la Asamblea al pueblo que dice representar? ¿Y qué equilibrio podrá garantizar un órgano de control dirigido por alguien con un pasado tan oscuro?

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La elección está hecha. Las consecuencias afectarían directamente a los magdalenenses.