La Mesa Directiva citó a sesión extraordinaria asegurando que un juez exigió continuar con la elección del Contralor, pero tal orden nunca fue emitida. El único fallo referido fue declarado improcedente. Aun así, la Asamblea avanza ignorando la suspensión vigente dictada por otro despacho judicial.

La Asamblea del Magdalena amaneció en medio de un nuevo escándalo jurídico que golpea otra vez la credibilidad de la corporación. La Mesa Directiva convocó a los diputados a una sesión para reactivar la elección del nuevo Contralor Departamental. Lo hizo afirmando que “un juez ordenó continuar con el proceso”. Esa versión es falsa.

Señalan otros diputados que en realidad, no existe ninguna orden judicial que habilite reanudar el proceso. Lo único que obra en el expediente es una tutela declarada improcedente, sin efectos, que fue utilizada de manera parcial y conveniente por la Directiva. Tomaron la línea que les servía y la presentaron como si se tratara de un mandato del juez. Omitieron lo más importante: la tutela no tiene validez y no obliga a nadie.

Ese recorte selectivo es, según experto en derecho administrativo, falsa motivación: una figura grave que consiste en justificar un acto con argumentos torcidos o inexistentes. En términos simples, la citación se habría sustentado en un engaño para forzar a los diputados a asistir a una sesión que jamás debió convocarse.

Mientras la Mesa Directiva apresura el proceso, hay una realidad que no admite interpretaciones: el Juzgado Cuarto Laboral mantiene en firme una orden de suspensión total de la elección del Contralor. Esa decisión sí existe, sí fue notificada y sí debe cumplirse. Pero en la Asamblea prefieren actuar como si la orden no estuviera vigente, como si la ley pudiera hacerse a un lado cuando los apuros políticos llaman.

El movimiento dejó un ambiente tenso dentro y fuera del recinto. Fuentes cercanas a la corporación aseguran que lo ocurrido es un intento desesperado por acelerar la designación de un contralor antes de que se desmorone la maniobra jurídica. Todo, incluso por encima de fallos, procedimientos y la mínima transparencia que exige un cargo de control fiscal.

Lea aquí: Magdalena se parte en dos: Margarita Guerra y Rafael Noya, cabeza a cabeza por la gobernación

Si la convocatoria se mantiene, la Asamblea podría estar incurriendo en faltas disciplinarias serias y hasta en responsabilidades penales y fiscales. Se trataría de un nuevo golpe a la institucionalidad del departamento, donde decisiones judiciales se ignoran y resoluciones sin sustento se levantan como supuestas órdenes.

“La suspensión está vigente. La orden del juez existe. Y la elección no puede reanudarse mientras la justicia no levante esa medida. Lo demás es ruido, manipulación y una señal clara de que en la Asamblea están dispuestos a forzar el camino a cualquier costo”, manifestó un abogado consultado.