Parques Nacionales reconoce ineficiencia en cuidado del Vía Parque de Salamanca y lanza propuestas 

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A través de tres iniciativa se busca evitar que la reserva natural siga siendo destruida por manos criminales. 

La destrucción continuada del parque Isla de Salamanca por los incendios provocados no solo amenaza la biodiversidad y la salud humana, sino que también representa una falla sistémica en la gestión y protección de los recursos naturales del país.

El director territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Gustavo Sánchez, reconoció que, a pesar de la existencia de una sentencia de la Corte Suprema desde 2020, solo se han llevado a cabo reuniones consecutivas sin que se implementen medidas contundentes para proteger y cuidar esta reserva natural.

«Ya estamos cansados con tantas reuniones en respuesta a las exigencias hechas por la más alta instancia judicial del país, pero la verdad es que no hemos logrado disminuir, ni acabar con los incendios en esta reserva natural», indicó el director territorial.

Sánchez señaló que ya se han identificado a algunas personas como responsables de provocar los daños al ecosistema.

«En estos momentos, sus procesos están en la Fiscalía y estamos muy pendientes de que las autoridades pongan mano dura a estos irresponsables para comenzar a sentar un precedente de defensa del parque», sostuvo.

Las propuestas para blindar al parque de los criminales de la naturaleza

Por primera vez, Parques Nacionales de Colombia ha presentado tres grandes propuestas para proteger la reserva natural del Vía Parque Isla Salamanca, con las que pretende comprometer a los gobiernos de Magdalena y Atlántico, al Gobierno Nacional y a las demás instituciones involucradas.

El director territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales de Colombia fue contundente al señalar que los incendios son provocados por «manos criminales que desean acabar con este ecosistema».

Asegura en ese sentido que estos actos no solo dañan el medio ambiente, sino que también afectan a la población local y a los funcionarios que luchan contra el fuego.

«Tenemos una serie de personas o familias que están alrededor del parque (…) muchos de ellos están haciendo estas actividades ilegales para maltratar el parque», afirmó Sánchez, reconociendo la gravedad del problema.

Reubicación de familias

Una de las principales propuestas es la reubicación de las personas que residen ilegalmente en el área del parque. Según el último censo, alrededor de 160 familias viven en las cercanías del parque, muchas de las cuales participan en actividades que generan los incendios.

«¿Por qué no les damos a ellas unos proyectos sostenibles?», sugirió Sánchez, quien enfatizó la necesidad de un esfuerzo conjunto del gobierno nacional, las gobernaciones, alcaldías, corporaciones, Parques Nacionales y la Agencia Nacional de Tierras para llevar a cabo esta reubicación en terrenos baldíos de la nación.

Implementación de garitas de vigilancia

El director también propuso la instalación de garitas o torres de control en puntos estratégicos del parque para prevenir la entrada de personas que realizan actividades ilegales.

Estas torres deben quedar equipadas con vigilancia privada, policía o ejército, y contarían con equipos como binoculares de alta resolución y sistemas de comunicación.

«Esto sería a corto y mediano plazo», indicó Sánchez, expresando la urgencia de mejorar la vigilancia en las zonas donde ya se ha identificado el ingresode criminales que están destruyendo el parque.

Uso de tecnología avanzada

Otra estrategia es la utilización de drones de alta resolución para monitorear el parque continuamente. «Nosotros tenemos que pensar en grande (…) drones de 150, 200 millones de pesos funcionando día y noche», comentó el directivo.

Según su explicación, estos drones permitirían detectar focos de incendios con mayor eficacia y rapidez, lo que ayudaría a controlar los incendios antes de que se propaguen.

Además de las propuestas mencionadas, el director hizo un llamado al Ministerio de Medio Ambiente para que emita una resolución prohibiendo las quemas a campo abierto, especialmente aquellas destinadas a la producción de carbón vegetal.