En la recta final de las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena, la tensión entre campañas escaló a su punto más alto: Carlos Caicedo denunció una supuesta alianza criminal para alterar los comicios, mientras que la campaña de Rafael Noya respondió con un rechazo total, acusando al líder de Fuerza Ciudadana de difundir calumnias para ocultar su propia crisis interna.

La contienda política en el Magdalena entró en un terreno de confrontación directa a solo nueve días de las elecciones del 23 de noviembre.

La última acusación provino del caicedismo. A través de una carta pública dirigida al presidente Gustavo Petro, el exgobernador y precandidato presidencial Carlos Caicedo lanzó una alerta nacional en la que señaló a la campaña de Rafael Noya y a varios actores institucionales y armados de estar “aliados” para “robarse las elecciones”.

La acusación de Caicedo

Según Caicedo, existe una “operación sistemática” en el departamento en la que —afirma— participan el Clan del Golfo, los Pachencas, sectores políticos tradicionales, la Registraduría y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo. Su tesis es que estas estructuras estarían ejerciendo presión sobre comunidades rurales y urbanas para favorecer al candidato Rafael Noya, quien cuenta con el aval de Cambio Radical y el respaldo del Centro Democrático.

El dirigente político asegura que, en zonas ribereñas, el Clan del Golfo estaría exigiendo votar por ese proyecto, mientras que en la Troncal del Caribe los Pachencas presionarían líderes y comprarían votos. También acusa directamente al registrador distrital, Ricardo Montoya, de tener vínculos personales con la campaña de Noya.

Caicedo insiste en que la favorita —según dice apoyarse en encuestas— es la candidata de Fuerza Ciudadana, Margarita Guerra, y que se estaría planificando un fraude para evitar su victoria. Afirma, además, que el CNE intenta revocar la inscripción de la aspirante sin respetar el debido proceso.

Frente a ese escenario, pidió al presidente Petro la instalación urgente de un Consejo Nacional de Seguimiento Electoral, el cambio de registradores, un Puesto de Mando Unificado 24/7 y la presencia de observadores internacionales, advirtiendo que episodios como “el robo de la Alcaldía de Santa Marta en 2023” podrían repetirse.

La respuesta de la campaña de Rafael Noya

La reacción del equipo de Noya fue inmediata. En un comunicado extenso, la campaña calificó las acusaciones de Caicedo como “falsas, temerarias y calumniosas”.

Según su postura, lo expresado por el exgobernador constituye una estrategia para “desprestigiar” y desviar la atención de los problemas internos de Fuerza Ciudadana.

La campaña niega cualquier vínculo con grupos armados ilegales, delitos electorales o estructuras paramilitares, y recalca que nunca ha recibido apoyo de organizaciones criminales. Señalan que las imputaciones de fraude dañan el buen nombre del candidato y vulneran sus derechos fundamentales.

Además, responden señalando a Caicedo y a su movimiento. Sostienen que Fuerza Ciudadana tiene en su entorno político personas con antecedentes judiciales por vínculos con grupos paramilitares, como Rodrigo Roncallo —procesado por el caso ‘Pacto de Chibolo’— y Pedro Sánchez, también investigado por nexos con las AUC.

Aseguran que Caicedo guarda silencio sobre la presencia de estas figuras en actividades que acompañan a su organización.

Otro punto que destacan es el presunto abuso de poder desde la Gobernación. Denuncian que la gobernadora encargada Ingris Padilla, junto a secretarios y gerentes de hospitales, estaría interviniendo en política para favorecer la candidatura de Fuerza Ciudadana mediante presión a contratistas y uso de recursos públicos.

Acciones legales y exigencias al Estado

Noya anunció la preparación de querellas por calumnia e injuria contra Caicedo, así como una tutela para exigir rectificación. A la par, pidieron vigilancia estricta del Gobierno Nacional, Procuraduría, CNE y Registraduría.
También solicitaron la suspensión de la gobernadora encargada y la remoción de funcionarios que, aseguran, han participado en política.

Un clima de desconfianza que crece

Las dos versiones, radicalmente opuestas, revelan el ambiente de polarización que domina esta elección atípica. De un lado, Caicedo afirma que la democracia del Magdalena está bajo amenaza por estructuras criminales y alianzas políticas. Del otro, Noya sostiene que es víctima de una campaña de desprestigio y que la verdadera intervención viene desde la administración departamental.

Mientras tanto, los votantes se preparan para acudir a las urnas en un clima con denuncias cruzadas, llamados urgentes al Gobierno y el fantasma del fraude rondando desde todas las orillas.

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El desenlace, como suele pasar en el Magdalena, promete ser tan disputado como las versiones que hoy chocan en público. El 23 de noviembre definirá no solo un gobernador, sino también cuál de estas narrativas prevalece ante la ciudadanía.