El comerciante detenido en una diligencia de allanamiento denuncia una persecución policial en su contra. Las autoridades insisten en que desde su vivienda salen las armas usadas en hurtos en Santa Marta. Él dice tener todo en regla y que lo están destruyendo.

Martín Arango vive en María Eugenia entre cajas, facturas y armas, dice él todas traumáticas y de fogueo. El hombre, señalado por las autoridades como proveedor de armas para grupos delincuenciales en Santa Marta, decidió hablar para defender su nombre.

“Yo no soy un criminal. Vendo armas traumáticas y todas con papeles”, dice con rabia.

Su versión contrasta con la de la Policía Metropolitana, que lo tiene en la mira desde hace meses. Los uniformados aseguran que desde su casa, en el barrio María Eugenia, salen armas usadas para cometer hurtos y otros delitos. Esas sospechas ya lo han llevado dos veces a una estación de policía, siempre bajo la misma acusación: fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

“Y ni siquiera eran de fuego, eran traumáticas, todas legalizadas”, reclama.

Arango —o Oñate, como también se registran sus documentos comerciales— reconoce que comercializa armas traumáticas y municiones de fogueo. Pero insiste en que todo está dentro de los parámetros de la ley.

“Tengo permisos, facturas y los registros que exigen. Pero aun así entran a mi casa como si yo fuera un capo”, afirma, recordando los operativos que, según él, han sido violentos, sorpresivos y humillantes.

El más reciente allanamiento, realizado por agentes de la Sijín, terminó con varias de sus armas decomisadas. Arango insiste en que cada una tenía soportes legales.

“Me revolcaron la casa, se llevaron lo que quisieron y después salen a decir que yo abastezco a los ladrones. Yo soy comerciante, igual que muchos”, relata.

Del otro lado, la versión institucional es categórica: en Santa Marta la mayoría de los robos a mano armada se cometen con armas traumáticas o de fogueo, y por eso la Policía mantiene vigilancia estricta sobre quienes las venden.

“No podemos permitir que este tipo de armamento circule sin control”, sostienen voceros del comando.

Pero para Arango, esa “atención especial” se convirtió en hostigamiento. Dice que lo han estigmatizado, que el barrio lo mira distinto y que cada allanamiento le destruye la vida un poco más.

“Yo quiero trabajar tranquilo. Que revisen lo que quieran, pero con respeto. No me pueden perseguir por algo que no he hecho”, asegura.

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Mientras la Policía insiste en que detrás de él hay nexos con la delincuencia, Arango se aferra a su carpeta de documentos y a su palabra. Entre señalamientos, pérdidas económicas y dos capturas que asegura fueron injustas, el comerciante repite la frase que hoy marca su vida:

“Inocente. Yo soy inocente. Y lo puedo probar”.