La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia rechazó los videos donde presuntos miembros de un grupo armado someten y humillan a ciudadanos acusados de cometer delitos menores. El organismo advirtió que estos actos podrían constituir tortura y tratos crueles prohibidos por el derecho internacional.

Los videos durante varias semanas circularon masivamente por las redes sociales. En ellos, hombres armados obligan a jóvenes a pedir perdón frente a las cámaras. Los rapan, los golpean, los exponen. Los llaman ladrones, problemáticos, abusivos. Y los castigan como si fueran jueces.

En Santa Marta, Riohacha y Valledupar, estos llamados “castigos ejemplares” han encendido las alarmas. Las imágenes muestran la forma en que presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) imponen su propia ley, como una demostración de poder y control sobre los barrios donde operan y cobran extorsiones.

Las víctimas, según los reportes, fueron rapadas, forzadas a pedir perdón y en algunos casos obligadas a realizar trabajos comunitarios, mientras los hombres armados grababan todo para difundirlo en redes. En varios de esos videos se escucha la frase:

“Se le da una segunda oportunidad, pero que no vuelva a robar”.

Lo que dice la ONU

El hecho provocó una respuesta inmediata de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que condenó los actos y advirtió que constituyen graves violaciones al derecho internacional.

“La aplicación de castigos por actores armados no estatales debilita la gobernabilidad local y erosiona la confianza ciudadana”, señaló el organismo en un comunicado.

La ONU fue enfática: estas prácticas atentan contra la dignidad humana y podrían configurarse como tortura o tratos crueles e inhumanos, prohibidos por la Convención contra la Tortura, de la cual Colombia es signataria.

El organismo expresó especial preocupación por los casos de mujeres, algunas de ellas rapadas o sometidas a tareas degradantes.

“Estos actos representan una forma de violencia basada en género”, subrayó la ONU.

La organización internacional instó al Estado colombiano a investigar los hechos, sancionar a los responsables y proteger a las víctimas, además de ofrecer asistencia técnica para el seguimiento del caso en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Mientras tanto, en los barrios donde ocurrieron los hechos, la división es evidente. Algunos habitantes justifican los castigos como una forma de “poner orden” frente a la delincuencia. Otros, en cambio, los rechazan con contundencia, recordando que solo las autoridades judiciales tienen el poder de sancionar.

“Eso no es justicia, eso es miedo”, dijo un líder comunitario que pidió reservar su identidad.

“Hoy los humillan por un robo, mañana cualquiera puede ser señalado sin pruebas. Eso es vivir bajo control armado, no bajo la ley”.

La viralización de los videos no solo dejó al descubierto el poder de los grupos ilegales en zonas urbanas del Caribe, sino también el vacío de autoridad que aprovechan para imponer su justicia a la fuerza.

Lea aquí: Conductor embistió a motociclistas que participaban en una caravana y fue perseguido y asesinado a golpes

La ONU ya lo dijo con claridad: no hay causa ni excusa que justifique la humillación ni la tortura pública de ningún ciudadano. Pero mientras los grupos armados sigan actuando con impunidad, la frontera entre la justicia y el castigo seguirá siendo difusa en regiones como Santa Marta.