En una alocución pública, la comunicadora y aspirante presidencial Vicky Dávila atacó de frente la política exterior y de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, prometió poner fin a la “paz total” si llega al poder y aseguró que, de ser necesario, sería “la consentida de Trump”.

La frase que desató titulares y reacciones no fue una metáfora: “Yo sería una consentida de Trump. Y yo también lo consiento si me toca”, afirmó Dávila durante un acto público en el que, además, planteó como eje de su oferta de seguridad la reactivación de órdenes de captura y “extradiciones exprés” hacia Estados Unidos, junto con el anuncio de que, de llegar a la Presidencia, pondría fin a la política de Paz Total el 7 de agosto de 2026.

Acompañando la afirmación, la candidata culpó a Gustavo Petro de la “crisis diplomática” entre Colombia y Estados Unidos y reprochó, en tono cortante, que el presidente mantiene un discurso confrontacional en vez de buscar “acuerdos que beneficien a ambos países”. El planteamiento combina una propuesta dura contra las estructuras criminales —que Dávila define como una prioridad— con una apuesta explícita por recomponer la relación bilateral recurriendo, incluso, a la complicidad con la Casa Blanca.

La expresión de la candidata ocurre en un momento de alta tensión: en las últimas semanas la relación entre Bogotá y Washington se ha deteriorado por acusaciones cruzadas, sanciones y devoluciones de diplomáticos, y movimientos oficiales como llamadas a consultas del embajador, que han sido presentados por analistas como uno de los capítulos más graves de la relación en años recientes. Ese telón de fondo convierte el pronunciamiento de Dávila en un elemento político de alto voltaje en la campaña presidencial.

Política interna y cálculo electoral se mezclan en las palabras de Dávila. Al prometer la “reactivación” de extradiciones y órdenes de captura, la aspirante ofrece una respuesta inmediata a la agenda de inseguridad que reclaman votantes molestos por la violencia y el narcotráfico. Pero esa misma oferta abre interrogantes: ¿cómo encajaría una reversión abrupta de la política de paz en el marco legal y de garantías para procesos de desarme y negociaciones? ¿Qué efectos tendría sobre comunidades y mesas de diálogo que aún permanecen abiertas? 

Para algunos sectores, restituir una cercanía explícita con la administración de Donald Trump es una ruta rápida para recibir apoyo en materia de inteligencia y extradiciones; para otros, sería una renuncia a la independencia en la política exterior y una potencial fuente de nuevas tensiones internas.

Las frases textuales que corrieron por redes y canales de medios —con el fragmento “yo sí le mando a todos esos narcos allá a Trump” entre las más comentadas— ya generaron reacciones de analistas, políticos y ciudadanos. Más allá del impacto inmediato en la opinión pública, lo que está en juego es la definición de líneas estratégicas: seguridad, justicia transnacional y la capacidad del Estado para combinar la persecución del crimen con garantías y procesos de paz. Dávila puso su bandera; la campaña y el país decidirán si la abrazan.