Mientras la Gobernación del Magdalena denuncia que 46 proyectos están paralizados por decisión del Distrito, la Alcaldía asegura que las obras no han comenzado porque faltan permisos y revisiones técnicas. Las comunidades en el medio esperan respuestas.

La ejecución de obras públicas en Santa Marta volvió a enfrentar a la Alcaldía Distrital y la Gobernación del Magdalena.
Ambas administraciones exponen versiones distintas sobre la situación de 46 proyectos financiados por el Departamento, que —según la Gobernación— no avanzan por decisiones del Distrito, mientras que la Alcaldía sostiene que las intervenciones aún no cumplen los requisitos legales para iniciar.

El debate se centra en programas como Mi Calle y Obras Menores, que contemplan pavimentaciones, mejoras viales y redes de saneamiento básico en distintos barrios de la ciudad.

La denuncia de la Gobernación

La gobernadora encargada, Ingris Padilla, denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría al alcalde Carlos Pinedo y a su secretario de Gobierno, Camilo George, por presuntos delitos de prevaricato por acción y omisión.
Según la mandataria, el Distrito “bloquea” obras que beneficiarían a más de 223 mil personas, al impedir la continuidad de 46 frentes de trabajo.

Padilla expuso el caso durante una rueda de prensa en el barrio Tayrona, uno de los puntos donde se habrían suspendido labores, e indicó que los proyectos cuentan con los trámites y permisos requeridos.

“La Alcaldía no argumenta una razón legal de peso para detener estas obras. Los trámites fueron surtidos por las comunidades a través de las Juntas de Acción Comunal”, dijo.

La Gobernación asegura que dos obras del programa Mi Calle Fase 3 ya fueron selladas y que otras seis están en riesgo de suspensión, lo que pondría en pausa la pavimentación de 3,2 kilómetros de vías en varios barrios.
También señala que dos sistemas de alcantarillado en los barrios 11 de Noviembre y Bello Horizonte permanecen detenidos desde febrero, debido a que el Distrito no ha emitido la autorización requerida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para intervenir el corredor férreo.

El Gobierno Departamental afirmó que estos retrasos afectan a más de 180 mil habitantes y advirtió que las acciones del Distrito fueron puestas en conocimiento de los organismos de control.

La versión de la Alcaldía

Desde la Alcaldía de Santa Marta, las afirmaciones fueron rechazadas.
La secretaria de Planeación, Patricia Caicedo, explicó que no existe ningún bloqueo institucional, sino un proceso de verificación técnica que debe cumplirse antes de autorizar obras dentro del territorio distrital.

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Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia. Emilio, siempre se destacó por su compromiso y servicio.

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— Carlos Pinedo Cuello (@CarlosPinedoC) October 29, 2025

“No deberíamos hablar de parálisis de obras. Las intervenciones mencionadas por la Gobernación no han iniciado su ejecución porque estamos realizando las revisiones que ellos omitieron en la etapa de planificación”, señaló Caicedo en entrevista con Entérate en Línea.

De acuerdo con la funcionaria, las 46 obras denunciadas fueron asignadas por la Gobernación a las Juntas de Acción Comunal, sin contar con los permisos de intervención del espacio público ni la viabilidad técnica emitida por la administración distrital.
Por esa razón, explicó, algunos frentes fueron suspendidos mientras se completa la documentación requerida.

“La Alcaldía no busca obstaculizar proyectos. Lo que estamos haciendo es garantizar que las intervenciones cumplan con los estándares técnicos, no se crucen con obras distritales y se desarrollen conforme a la ley”, agregó.

La secretaria informó además que 25 proyectos de la Gobernación ya fueron aprobados este año tras cumplir con los trámites correspondientes.
Entre tanto, otros permanecen en revisión debido a inconsistencias en los estudios o porque se comprometen con obras ya planificadas por el Distrito.

Casos bajo observación

En el sector de El Líbano, la Alcaldía señala que se instalaron tuberías sobre un predio privado, lo que generó una reclamación legal del propietario.
En La Paz, se habrían iniciado trabajos de pavimentación en una vía que ya estaba incluida en los planes distritales, lo que podría generar duplicidad de recursos.

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La Gobernación, por su parte, sostiene que todos los contratos se ejecutaron bajo el programa de convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal y que las suspensiones no obedecen a irregularidades, sino a decisiones administrativas del Distrito.

Comunidad a la espera

En los barrios mencionados, los vecinos reconocen que las obras están frenadas y piden que ambas administraciones logren un acuerdo.
Algunos aseguran que las calles intervenidas se han convertido en focos de contaminación o inseguridad, mientras otros confían en que los proyectos se inicien pronto.

Expertos consultados por Entérate en Línea coinciden en que el problema refleja la falta de coordinación entre los gobiernos local y departamental por claras diferencias políticas.
“La planeación previa y el cumplimiento de los requisitos técnicos son esenciales para evitar que las obras se conviertan en escenarios de disputa política”, señaló un urbanista independiente.

Por ahora, la Alcaldía asegura que continúa revisando los expedientes de los proyectos pendientes y la Gobernación mantiene sus denuncias ante los entes de control.
Mientras tanto, la comunidad espera que las diferencias administrativas no sigan retrasando las soluciones que necesita la ciudad.