La erosión costera avanza con fuerza en el corredor sur de Santa Marta y ya no solo se lleva arena, sino también la tranquilidad de carperos, bañistas y residentes. Hoteles y conjuntos con playas concesionadas enfrentan reclamos de la comunidad por la reducción del espacio público y la disputa por los pocos metros que quedan en la orilla.

El mar está ganando terreno y la arena se va. En el sector de Cabo Tortuga, en el corredor sur de Santa Marta, las olas no solo han ido borrando la playa, también están desatando una pugna entre carperos, bañistas y los complejos hoteleros y residenciales que tienen concesiones sobre la zona costera.

Cada mañana, los carperos intentan extender sus toldos mientras los vigilantes de los edificios les piden retirarse porque —según dicen— ya están dentro de un área concesionada. El espacio que queda entre el mar y los cerramientos es cada vez más pequeño.

“Antes poníamos doce carpas, ahora solo diez, y quieren que nos quitemos del todo”, dice Luis Carlos Ramírez Gutiérrez, un carpero de 39 años conocido como Coco, quien heredó este oficio de su padre.

“Nos dicen que estamos invadiendo zona privada, pero esto siempre ha sido playa pública. Ahora resulta que lo poco que queda lo cercan con mallas y portones”.

“Están matando el manglar para ganar terreno”

Ramírez denuncia que los condominios Cabo Tortuga y Sierra Laguna han extendido sus cerramientos hacia el área de manglar para recuperar metros que el mar les arrebató.

“Han ido matando el manglar y corriendo los linderos poco a poco. Nadie los regula. En cambio, a mí me quieren desalojar por poner las carpas”, dice indignado.

Su relato se suma a otros testimonios de carperos y vendedores que aseguran estar siendo desplazados del espacio público por cuenta de las concesiones privadas y la erosión que reduce cada día la playa.

Las concesiones que cercan el mar

De acuerdo con registros de la Dirección General Marítima (DIMAR) y la Capitanía de Puerto de Santa Marta, en el corredor sur existen concesiones marítimas vigentes o recientes para uso de playa en los sectores de Pozos Colorados y Bello Horizonte.

Entre ellas se destacan:

• Condominio Cabo Tortuga P.H., con la concesión N° 0266-2021-MD-DIMAR-CP04-ALITMA.
• Edificio Areia, con Resolución 0259-2024, que autoriza la instalación de kioscos sobre la playa.
• Condominio Costa Bella, con Resolución 202-2024 para un “club de playa” en Bello Horizonte.

A estas se suman hoteles reconocidos como el Irotama, Hilton, Marriott Playa Dormida y Decameron Galeón, que figuran en los registros de DIMAR con concesiones o trámites administrativos sobre zonas de playa y bajamar.

Qué significa tener una concesión

Tener una concesión de playa no otorga propiedad sobre el terreno. Se trata de un permiso temporal para usar un área del dominio público con fines turísticos o recreativos, siempre bajo la obligación de:

• Mantener libre el acceso a la playa y al mar.
• Cumplir medidas ambientales y de seguridad.
• No alterar ecosistemas como manglares o dunas.

En teoría, los concesionarios deben garantizar la conservación del entorno. Pero en la práctica, los límites entre lo concesionado y lo público se han vuelto difusos.

“Los hoteles y edificios dicen que cuidan la playa, pero lo que hacen es cercar y poner letreros de ‘solo huéspedes’”, comenta María Isabel Polo, vendedora de cocos desde hace dos décadas. “El mar se está comiendo la playa y ellos quieren quedarse con lo poquito que queda seco”.

Erosión sin control

El fenómeno natural se agrava. Estudios del Invemar y Corpamag han advertido que el retroceso de la línea de costa en el corredor sur supera los dos metros por año.

En Cabo Tortuga, la franja de arena prácticamente desapareció en varios puntos donde antes cabían decenas de carpas y visitantes.

Los carperos aseguran que ninguna autoridad ambiental ni marítima ha inspeccionado la zona en los últimos meses, pese a los daños visibles. En cambio, reciben citaciones y amenazas de desalojo.

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“El alcalde de la localidad 3, Luis Vanegas, me mandó una inspección ocular para sacarme si no me retiro del área. Nadie viene a ver cómo nos afecta la erosión, solo vienen a sacarnos”, denuncia Coco.

Un conflicto sin resolver

El caso de Cabo Tortuga evidencia un choque de derechos entre el uso público de las playas y las concesiones privadas.

Mientras los hoteleros defienden su legalidad, los trabajadores tradicionales reclaman su derecho a permanecer en los lugares donde han vivido y trabajado por generaciones.

“Esta playa la conocí ancha, llena de gente, de pescadores, de vida. Ahora es puro muro y mangle muerto. Si seguimos así, el mar se la lleva toda y nosotros también nos vamos con ella”, lamenta Ramírez mirando el horizonte donde el mar se traga, poco a poco, la historia de su sustento.