El abogado Gabriel Morillo Rodríguez acusa al directivo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Jaime Avendaño, de haberlo atacado físicamente en medio de una diligencia de recuperación de bienes. El procedimiento se habría realizado a pesar de una orden judicial que lo prohibía.

Un operativo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Barranquilla derivó en un nuevo escándalo para la entidad estatal encargada de administrar bienes en proceso de extinción de dominio.

El abogado Gabriel Morillo Rodríguez denunció penalmente al director regional de la SAE para la región Caribe, Jaime Avendaño, por presunta agresión física durante una diligencia realizada el pasado sábado 18 de octubre en un predio del barrio La Concepción, al norte de la capital del Atlántico.

Según el denunciante, el procedimiento se adelantó en bodegas ubicadas en la carrera 68 con calle 74, a pesar de que existía una orden judicial vigente que suspendía cualquier desalojo o actuación administrativa sobre el lugar.

Esa decisión había sido emitida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, mientras se resolvía una acción de tutela interpuesta por el propio abogado.

Morillo asegura que, al intentar mostrar el documento al funcionario, este reaccionó de manera violenta.

“Él llegó a las bodegas, cuando le mostré al director de la SAE la orden judicial que impedía cualquier acción en el inmueble, él, visiblemente alterado, me tomó por el cuello y me lanzó violentamente contra un carro y procedió a estrangularme”, relató el abogado, quien fue trasladado a una clínica privada tras sufrir lesiones y una crisis de hipertensión.

El jurista también afirmó que, tras la diligencia, encontró un vigilante privado instalado dentro del inmueble sin autorización judicial, lo que calificó como un acto de abuso de autoridad.

Por estos hechos, anunció que presentará una denuncia penal por lesiones personales agravadas, además de recordar que ya cursa otra denuncia contra funcionarios de la SAE por fraude a resolución judicial y abuso de autoridad.

El conflicto gira en torno a un complejo de bodegas que, según Morillo, fue excluido en 2011 de un proceso de extinción de dominio mediante fallo judicial. No obstante, la SAE sostiene que los bienes aún pertenecen al inventario estatal, lo que ha prolongado la disputa legal por más de una década.

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Hasta el momento, la Sociedad de Activos Especiales no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre la denuncia ni sobre el operativo realizado en la ciudad.