Expertos advierten que detrás de estos cargamentos hay redes criminales transnacionales que operan con poder y violencia en la región.

Al noroeste de Santa Marta, una motonave tipo Go Fast surcaba el mar Caribe con un cargamento que pretendía burlar los controles de la Fuerza Pública. Sin embargo, el radar de una aeronave patrullera de la Armada Nacional detectó su movimiento irregular.

Inmediatamente se activó una operación de interdicción que culminó con uno de los decomisos más grandes de los últimos meses en la región.

“Fue una persecución de varias horas”, relató un oficial de Guardacostas de Santa Marta que participó en la operación.

“La motonave intentó evadirnos realizando maniobras bruscas, pero la Unidad de Reacción Rápida logró interceptarla antes de que abandonara aguas colombianas”.

A bordo, las autoridades hallaron 63 sacos que contenían 2.397 paquetes rectangulares de marihuana, con un peso total de 1.400 kilogramos. El alijo, según la Armada, estaba destinado a ser comercializado en Centroamérica.

Cifras que revelan el impacto

El decomiso representa una afectación económica de más de 8,4 millones de dólares para las redes criminales que operan en el Caribe colombiano. En términos de consumo, equivaldría a más de 230.000 dosis de marihuana, listas para distribución en el mercado internacional.

Los tres tripulantes —dos costarricenses y un nicaragüense— fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de las autoridades judiciales. La embarcación y la carga fueron trasladadas a un puerto seguro en la costa del Magdalena.

“El Caribe colombiano se ha convertido en un punto estratégico para las rutas del narcotráfico hacia Centroamérica y Estados Unidos”, explicó el analista en seguridad Luis Fernando Bonilla.

“Cada golpe de este tipo es importante, pero también evidencia el poder logístico y financiero de los grupos que controlan estas rutas”, agregó.

El poder invisible de las organizaciones armadas

Según informes de inteligencia, el Magdalena y la zona costera entre Santa Marta y La Guajira están bajo disputa de estructuras vinculadas a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo, así como de redes locales que operan en alianza con cárteles centroamericanos. Estas organizaciones utilizan lanchas rápidas, bodegas clandestinas y puntos de carga en zonas rurales de difícil acceso.

Una fuente de la Policía Antinarcóticos reveló que los grupos armados “mantienen vínculos con pescadores, transportadores y habitantes de comunidades costeras”, aprovechando la falta de oportunidades económicas y el control limitado del Estado.

“El narcotráfico sigue siendo un negocio rentable en esta franja del país. Cada tonelada incautada es apenas una parte del flujo real que logra salir”, aseguró el oficial.

La frontera marítima como escenario del crimen

En los últimos tres años, la Armada Nacional ha incautado más de 60 toneladas de drogas ilícitas en el Caribe colombiano, una cifra que da cuenta de la magnitud del problema. Santa Marta, debido a su ubicación estratégica y su cercanía con rutas hacia Panamá, se ha convertido en un corredor crítico.

“Estas organizaciones no solo trafican drogas”, advierte Norma Vera, defensora de derechos humanos y experta en temas de conflicto.

“También ejercen control social, imponen normas, y en algunos sectores rurales son vistos como autoridades de facto. El golpe de esta semana no solo afecta sus finanzas, sino también su imagen de impunidad”, sostuvo.

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Un golpe que no frena la guerra

El decomiso de esta tonelada de marihuana es un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, pero también una muestra de que la guerra sigue abierta. Cada embarcación interceptada revela el poder económico, la red internacional y la capacidad de adaptación de los grupos que operan en el Caribe.

“Mientras haya demanda en el exterior, ellos seguirán buscando rutas”, concluyó el analista Bonilla.

“Lo importante es que el Estado no ceda el mar ni un solo centímetro. Porque ahí, en esas aguas, se está jugando el futuro de nuestra soberanía”.