
Reclusa trans acusada de violar a siete internas; también sufrieron enfermedades de transmisión sexual
La justicia de Córdoba abrió un proceso contra Gabriela Nahir Fernández, de 34 años, señalada de abusar sexualmente de al menos siete mujeres dentro de la cárcel de Bouwer. La Fiscalía sostiene que actuó en varias oportunidades, incluso sabiendo que era portadora de sífilis, lo que agravó el daño causado a las víctimas.
En la cárcel de mujeres de Bouwer, en Córdoba estalló un caso que ha encendido las alarmas sobre la seguridad en los centros penitenciarios de Argentina. Gabriela Nahir Fernández, una reclusa trans de 34 años, enfrenta un juicio en el que se le atribuyen graves delitos sexuales cometidos contra siete internas.
De acuerdo con el fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández es acusada de abuso sexual simple reiterado, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal mediante la introducción de objetos. El expediente judicial añade un agravante: la acusada era portadora de sífilis y, a pesar de conocer su diagnóstico, habría contagiado a varias de las mujeres agredidas.
La investigación detalla que los ataques se produjeron en diferentes momentos y lugares del penal, generando temor y desconfianza entre las internas. En uno de los episodios, Fernández no actuó sola: según la causa, contó con la colaboración de otras dos detenidas, Ingrid Roxana Florindo y Rocío Belén, quienes fueron imputadas como coautoras.
Tras la avalancha de denuncias, Fernández fue trasladada a un pabellón de aislamiento, mientras las víctimas reciben atención médica y psicológica. Sin embargo, la polémica ya se extendió más allá de los muros de Bouwer y puso en discusión los protocolos de alojamiento de personas trans en establecimientos penitenciarios.
Colectivos de derechos humanos y organizaciones feministas han reaccionado con preocupación. Mientras unos reclaman garantías de seguridad para las reclusas, otros advierten la necesidad de que el Estado asegure condiciones dignas y justas para la población trans privada de la libertad. El debate, espinoso y urgente, deja en evidencia las fallas estructurales del sistema penitenciario.
El juicio contra Fernández recién comienza, pero el caso ya es considerado uno de los más graves en la historia reciente de las cárceles de Córdoba. Ahora será la justicia argentina la que determine la responsabilidad penal de la acusada en un proceso que mantiene en vilo a la opinión pública y que plantea una pregunta de fondo: ¿cómo proteger a todas las personas privadas de la libertad sin poner en riesgo sus derechos ni su seguridad?
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