Un mayor del Ejército, un suboficial y una mujer con identificaciones falsas lograron penetrar el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía y organismos de contrainteligencia destaparon un caso que compromete la estabilidad de los protocolos de protección del jefe de Estado y revela grietas en el sistema militar y policial.

El 19 de septiembre, en Bogotá, las alarmas de seguridad nacional estallaron cuando la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con unidades de contrainteligencia militar y policial, capturó a cuatro personas acusadas de infiltrarse en los más altos niveles de protección presidencial.

Entre los detenidos está el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, hasta hace pocas semanas comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), unidad directamente ligada al tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro. Junto a él cayó el suboficial Cristian Padilla Villanueva, con experiencia en operaciones de protección militar.

Pero el elemento más perturbador de la investigación es Luisa Fernanda Salgado Fernández, alias “Stephanie”. Con identificaciones adulteradas y presentándose como oficial de la Policía Nacional, ingresó en varias ocasiones a instalaciones de alto nivel como el Batallón Guardia Presidencial, la Escuela de Caballería y la Dirección de Protección de la Policía Nacional.

Incluso participó en reuniones operacionales reservadas donde se discutían protocolos de seguridad del jefe de Estado.

La infiltración no fue un hecho aislado. Desde mayo de 2024, organismos de inteligencia habían detectado a una falsa oficial rondando áreas restringidas del Ejército. Según la Fiscalía, todo apunta a que el mayor Jiménez permitió esos ingresos, comprometiendo la seguridad presidencial. El escándalo escaló cuando se confirmó que Salgado Fernández también accedió a sistemas internos de información, poniendo en riesgo datos sensibles de la estrategia de protección de Petro.

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Los delitos imputados —revelación de secreto, concierto para delinquir, fraude procesal, prevaricato por omisión y porte ilegal de armas— reflejan la magnitud del caso. Las investigaciones avanzan para determinar si existió filtración de información a terceros y si detrás de la operación hubo motivaciones políticas o intereses extranjeros.