El mandatario municipal se rehúsa a reconocer los derechos salariales de los cabildantes establecidos en la Ley 2461 de 2025, lo que es interpretado como retaliación política luego del hundimiento de un polémico proyecto de endeudamiento.

El ambiente político en Chibolo, Magdalena, se encuentra en un punto tenso. Los concejales del municipio denuncian que el alcalde Alberto Escobar Mora se ha negado a reconocerles el pago de sesiones, la seguridad social y demás beneficios establecidos en la Ley 2461 del 18 de junio de 2025, norma que fue aprobada para fortalecer las corporaciones públicas municipales y dignificar su labor.

Mientras en municipios vecinos como Plato, Tenerife, Ariguaní, Granada, San Ángel, Pivijay y Sitionuevo ya se implementaron los ajustes salariales y prestacionales para los cabildantes, en Chibolo la administración local se mantiene en abierta negativa.

Los concejales aseguran que no existe justificación legal para incumplir la ley y califican la decisión como arbitraria.

De acuerdo con versiones conocidas en el Concejo, la decisión del alcalde Escobar tendría un trasfondo político: un acto de represalia luego de que no prosperara un proyecto de acuerdo con el que buscaba endeudar al municipio en 10.000 millones de pesos. Dicha iniciativa fue objetada por los cabildantes al detectar ausencia de documentos soportes y falta de claridad en su contenido, lo que llevó a que el mismo mandatario retirara la propuesta.

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Líderes comunitarios y voceros de la sociedad civil han advertido que esta actitud de represalia deteriora las relaciones institucionales y pone en riesgo el normal funcionamiento del municipio.

Además, sienta un preocupante precedente en materia de gobernabilidad, ya que el incumplimiento de la ley afecta la autonomía del Concejo y la representación ciudadana.

Ante este panorama, se espera que los organismos de control intervengan para garantizar el cumplimiento de la Ley 2461 en Chibolo y que se restablezca el respeto por el marco jurídico. Los concejales, por su parte, insisten en que continuarán sesionando en defensa de sus derechos y de la estabilidad institucional del municipio.