Por primera vez desde 1997, Estados Unidos retira su aval en la lucha contra el narcotráfico y responsabiliza al gobierno Petro. La cooperación militar y de inteligencia se mantiene, pero el golpe político reavivó un duro debate interno.

La relación entre Colombia y Estados Unidos entró en una fase de tensión inédita en casi tres décadas. La Casa Blanca, en cabeza de Donald Trump, retiró la certificación a Colombia en la lucha antidrogas, una decisión que no se tomaba desde los tiempos del expresidente Ernesto Samper, en 1997.

El memorando firmado por Trump incluyó a Colombia en la lista de países que “han incumplido de manera demostrable” sus compromisos internacionales contra el narcotráfico, junto a Venezuela, Bolivia, Afganistán y Myanmar.

El republicano responsabilizó directamente al gobierno de Gustavo Petro, al señalar el incremento “sin precedentes” de los cultivos ilícitos y los efectos de la política de “paz total”, que según Washington debilitó la cooperación bilateral.

Pese a la severidad del pronunciamiento, la Casa Blanca concedió un waiver que evita sanciones inmediatas y mantiene activa la cooperación militar, de inteligencia y en programas de seguridad. Trump subrayó que Colombia sigue siendo “vital para los intereses de Estados Unidos”, pero advirtió que el futuro de esta relación dependerá de resultados verificables.

La medida recuerda a la descertificación de 1997, que marcó un quiebre en la relación bilateral y obligó a replantear estrategias. Hoy, nuevamente, Colombia se enfrenta a un escenario incierto.

Petro responde: “No nos van a imponer la guerra química”

El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia en un Consejo de Ministros y criticó con dureza la decisión. “No nos van a imponer la guerra química contra los campesinos”, dijo, en referencia a la aspersión aérea con glifosato.

Petro defendió su enfoque de sustitución voluntaria de cultivos y desarrollo rural, y aseguró que la decisión de Washington desconoce los esfuerzos de su gobierno.

Expresidentes, congresistas y precandidatos reaccionan

La descertificación desató una ola de reacciones en el espectro político.
Ernesto Samper: recordó su propia experiencia y pidió calma: “No es el fin del mundo, puede ser una oportunidad para mostrar los costos que Colombia ha asumido en esta guerra”.

Iván Duque: responsabilizó al gobierno actual: “Es el resultado de la improvisación y de acuerdos complacientes con el terrorismo”.

Roy Barreras: calificó la medida como “injusta”, resaltando la corresponsabilidad de EE. UU.

Miguel Polo Polo: lanzó acusaciones directas: “¿Se robaron la plata? Hoy existen más de 300 mil hectáreas de coca”.

Entre los precandidatos presidenciales, Juan Daniel Oviedo pidió acciones urgentes para recuperar control territorial, mientras que María Fernanda Cabal acusó al presidente de “contemporizar con los criminales”.

El abogado Miguel Uribe Londoño apuntó contra la cercanía de Petro con Nicolás Maduro: “Uno no puede darle la espalda a EE. UU. para abrazar dictaduras”.

Consecuencias económicas y diplomáticas

Voces en el Congreso advirtieron sobre el impacto de la medida.

Juan Espinal alertó sobre el deterioro en la imagen internacional y la pérdida de inversión extranjera.

Julio César Triana detalló efectos directos: congelamiento de USD 453 millones en cooperación, bloqueo a créditos internacionales y freno a proyectos de modernización de la Fuerza Pública.

Desde el plano diplomático, Laura Sarabia intentó bajarle el tono al conflicto: “Colombia reafirma su compromiso. Hemos entregado miles de vidas en esta lucha”.

Un año para revertir el golpe

Aunque la descertificación no implica sanciones inmediatas, sí golpea la confianza internacional y puede derivar en mayores restricciones financieras y diplomáticas.

Colombia deberá mostrar resultados verificables en reducción de cultivos de coca y fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico si quiere recuperar la certificación en el próximo año fiscal.