En un confuso operativo, una patrulla de la Armada Nacional abrió fuego contra una embarcación oficial de la Alcaldía de Mosquera. La mandataria salió ilesa, pero murió su asesor de confianza y una escolta resultó herida. El presidente Petro ordenó una investigación urgente.

El amanecer del 8 de septiembre en Mosquera, Nariño, estuvo marcado por la violencia y la confusión. A las 4:00 de la madrugada, cuando la navegación en la zona se encuentra restringida por seguridad y la escasa visibilidad, una lancha de la Alcaldía fue interceptada por una patrulla de la Armada Nacional en un retén fluvial.

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Según las primeras versiones, la embarcación avanzaba con las luces apagadas y no habría atendido la señal de alto de los uniformados. La respuesta fue inmediata y letal: ráfagas de ametralladora impactaron contra la lancha, donde viajaba la alcaldesa Karen Lizeth Pineda Pineda junto a su equipo más cercano.

El saldo fue devastador. Luis Fernando Sánchez, asesor de confianza y mano derecha de la mandataria, perdió la vida en el ataque. Una escolta resultó herida, mientras la alcaldesa y otros acompañantes sobrevivieron sin lesiones físicas, aunque en medio del pánico y la conmoción.

La tragedia desató una reacción inmediata desde el Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro lamentó públicamente la muerte del funcionario y ordenó una investigación urgente para esclarecer las circunstancias del operativo militar.

“El incumplimiento de los protocolos de seguridad hizo disparar al guardia en el retén oficial en Tumaco”, explicó el jefe de Estado en un mensaje, al tiempo que envió sus condolencias a la familia de la víctima.

La comitiva atacada fue evacuada de emergencia en helicóptero hasta Cali para recibir atención médica. Entretanto, la Armada Nacional no ha entregado un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido, lo que ha incrementado la indignación y la incertidumbre en Mosquera.

El hecho mantiene en shock a la población del municipio costero, donde crece la indignación por la muerte de un funcionario público en un operativo de la propia Fuerza Pública. El país entero espera claridad sobre un caso que amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de desconfianza hacia las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos.