La “Ley Cero Cacho, Cero Violencia”, radicada en el Congreso, propone sancionar con cárcel los casos de infidelidad que deriven en violencia intrafamiliar y ofrecer atención integral a las víctimas.

La infidelidad en Colombia podría dejar de ser un asunto privado y convertirse en delito con penas de cárcel, según el Proyecto de Ley 212 de 2025, conocido como “Ley Cero Cacho, Cero Violencia”, radicado recientemente en el Congreso. La iniciativa busca proteger a las víctimas y prevenir la violencia intrafamiliar derivada de engaños sentimentales.

Impulsada por la senadora Karina Espinosa Oliver y respaldada por varios congresistas, la propuesta plantea modificar la legislación actual para promover relaciones de pareja sanas y concienciar sobre los efectos negativos de los vínculos insalubres en la salud física, mental y social de las personas.

De aprobarse, la infidelidad que genere violencia física o psicológica podrá ser denunciada y sancionada como violencia intrafamiliar. Las víctimas tendrían derecho a atención inmediata, acompañamiento psicosocial y jurídico, así como a medidas de protección, mientras se investigan los hechos.

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El proyecto también contempla la protección de los hijos afectados por rupturas y conflictos familiares, buscando que los actos de traición no sean minimizados como simples problemas privados. La iniciativa aún debe pasar por varios debates en el Congreso antes de convertirse en ley.

La propuesta ha generado un fuerte debate en la opinión pública: mientras algunos sectores la aplauden como un avance en la defensa de la familia y la salud mental, otros la critican por considerar que la infidelidad pertenece al ámbito íntimo y no debería tener consecuencias penales. Expertos en derecho advierten que la discusión deberá equilibrar la protección de las víctimas con el respeto a la vida privada