Sin un solo resultado tangible que mostrar, Erney Alfonso Velásquez Torres salió del cargo de agente especial de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), entidad que permanece intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde noviembre de 2021.

En su reemplazo fue designado Edwin Antonio Parada Cabrera, quien asume el reto de encarar una crisis que, lejos de mejorar, se ha agudizado durante la intervención.

La salida de Erney Alfonso Velásquez Torres se produjo tras poco menos de ocho meses en la dirección. Durante ese tiempo, los principales problemas de la ciudad en materia de servicios públicos —agua, alcantarillado y aseo— no solo se mantuvieron, sino que se agravaron.

El caso más crítico fue el desabastecimiento de agua potable. En los últimos días, tras un aguacero que afectó la infraestructura de captación, barrios enteros de Santa Marta quedaron sin servicio. Fue el propio alcalde Carlos Pinedo quien tuvo que enfrentar la emergencia enviando carrotanques a las comunidades, mientras la Essmar no ofrecía soluciones ni se refería al respecto.

A ello se sumaron los constantes rebosamientos de alcantarillas, con o sin lluvia. Desde la entidad se responsabilizó a supuestos saboteos, pero para los ciudadanos el hecho evidenció la falta de mantenimiento y planes de contingencia.

La supervisión de la recolección de basuras también fue deficiente. La empresa Atesa, encargada del servicio, continuó operando de manera precaria y sin un control riguroso de la Essmar. Las montañas de desechos en sectores residenciales y turísticos se convirtieron en una postal frecuente en la ciudad durante la gestión de Velásquez.

Seis agentes en menos de cuatro años
La designación de Edwin Antonio Parada Cabrera marca la llegada del sexto agente interventor en menos de cuatro años. Este abogado y especialista en proyectos institucionales asume en medio de la inestabilidad directiva que, paradójicamente, no ha logrado quebrar a la empresa, pese a los intentos y las voces que han insistido en que la Essmar estaba al borde del colapso.

Fuentes del sector advierten que el problema no es de liquidez, sino de gestión. La empresa se ha mantenido en pie, pero sin mostrar avances que mejoren la calidad de vida de los samarios.

El balance del saliente

Tras conocerse su salida, Erney Velásquez dio unas palabras a Entérate en Línea. En su mensaje, defendió su gestión y expresó sentimientos encontrados:

“Ya está en funciones el nuevo agente interventor, me voy tranquilo por haber logrado aportar nuevas formas de ver el problema del agua en la ciudad, un poco triste de no haber podido dejar al menos la primera PTAR pública como semilla de solución definitiva de las aguas residuales. Ruego porque la ciudad logre concretar el proyecto a corto plazo como un gran regalo para todos los samarios que en verdad lo necesitan. Mil gracias por el apoyo recibido, siempre contarán con un amigo que aprendió a soñar con una ciudad mejor y próspera”.

Expectativas frente al nuevo nombramiento

De Parada Cabrera se destaca una hoja de vida con formación en liderazgo transformacional, visión gerencial y experiencia en instituciones como la Dirección General Marítima. Sin embargo, más allá de los títulos, lo que se espera son resultados concretos frente a las urgencias de la ciudad.

Los usuarios reclaman soluciones a problemas que se repiten cada año: cortes de agua, colapsos de alcantarillas, fallas en el servicio de aseo y ausencia de inversiones de fondo. La expectativa ahora está en si la nueva administración podrá revertir el deterioro acumulado y dar un rumbo claro a la empresa intervenida.

Santa Marta afronta una paradoja: la Essmar es la empresa más estratégica para la ciudad, pero también la más golpeada por la inestabilidad administrativa. Con seis interventores en menos de cuatro años y sin un plan sostenido de inversión, el panorama no augura cambios inmediatos.

Mientras tanto, los samarios siguen pagando por servicios deficientes y esperando que, por fin, la intervención cumpla con el objetivo que justificó su llegada: garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos.